España

Las víctimas resucitan el plan para devolver el derecho a voto de los «exiliados» por ETA

Dignidad y Justicia ha registrado una propuesta legal en el Congreso que bebe de la Ley de Memoria Histórica . El Gobierno enterró la suya al no contar con el apoyo del PSOE

Daniel Portero dirige Dignidad y Justicia
Daniel Portero dirige Dignidad y Justicia - ISABEL PERMUY

El pasado 31 de octubre, inmediatamente después de la investidura de Mariano Rajoy, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia registró en el Congreso una propuesta articulada de ley que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el reconocimiento y reparación de las personas que en el último medio siglo abandonaron el País Vasco y Navarra por el acoso de ETA. Un colectivo –se cifra en hasta 200.000 afectados– que no está contemplado por la Ley española de Víctimas del Terrorismo, aunque su figura sí está reconocida por las Naciones Unidas. Conscientes de ese vacío, el Gobierno de Rajoy redactó a iniciativa del PP vasco una propuesta de ley que contemplaba la restitución del derecho al voto de los «desplazados»por ETA–se evita el término «exiliados», por mantenerse en las fronteras del país–. Pero, pese a contar con mayoría absoluta entonces, el PP desistió del proyecto al no hallar en el PSOE el consenso básico deseable para aprobarlo.

La asociación que preside Daniel Portero resucita ahora la iniciativa con una propuesta mucho más completa que reconoce a quienes sufrieron la expulsión forzada del territorio y que amplía en general los derechos de todas las víctimas. Se pide crear un Consejo Estatal de Políticas Públicas de Memoria (más allá del Memorial de Víctimas ya existente, en Vitoria) que impulse, entre otras, medidas que posibiliten el «regreso voluntario de los expulsados a su lugar de residencia», la «reintegración en su empleo» y la «devolución de sus bienes». También el pleno ejercicio de sus derechos políticos, es decir, que puedan votar en sus lugares de origen aunque no regresen.

El abogado de DyJ y experto en derecho internacional Miguel Ángel Rodríguez llevó al registro general del Congreso la propuesta de «Ley de políticas públicas de memoria de las víctimas de ETA», que en su artículo 4 recoge el estatuto de «desplazados internos por causa de la izquierda abertzale violenta y de su brazo armado ETA». A partir de ahí, la Cámara dará traslado de esta iniciativa a la Comisión que corresponda, seguramente Justicia. Serán en todo caso los grupos los que impulsen su desarrollo parlamentario, o no.

Lo cierto es que el Ejecutivo del PP elaboró un proyecto legal que reconocía el derecho a voto en el País Vasco o Navarra de los desplazados por ETA y sus hijos nacidos allí. Se abriría un plazo limitado para solicitar el cambio de censo. Sin embargo, la falta de acuerdo con el PSOE, desbarató el plan, que ha quedado durmiendo en el cajón. Los socialistas defendían una partida para ayudar al retorno voluntario, pero cerraron la puerta a lo que llamaron una «alteración» injsutificada del censo electoral.

En una estrategia clara por atraer al PSOE, pero también al PP y C’s, Dignidad y Justicia ha presentado una propuesta legal que traza paralelismos con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Se invoca el «deber de memoria» de los Estados promoviendo, entre otras medidas, un catálogo de lugares donde visibilizar los atentados y dar el nombre de víctimas a las calles, o la creación de un fondo para la promoción artística y cultural en materia de mmoria pública.

«Somos el país de Europa con más desplazados internos y ninguna ley o decreto recoge esta figura, que sí reconoce la ONU», denuncia Rodríguez, que lamenta que el legislador español «no ha tenido el derecho internacional en la cabeza» a la hora de proteger a todas las víctimas de ETA.

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