Las víctimas llevan al CGPJ al juez que ve «claras» las torturas a etarras

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció ayer al juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por afirmar que en España «las torturas se han producido de forma clara». La asociación mayoritaria de víctimas solicita al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, que «tome las medidas oportunas» para evitar que un juez en activo realice acusaciones de dicho calibre.

En una carta enviada al presidente del CPGJ, Carlos Lesmes, el nuevo presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, califica de «extrema gravedad» que un magistrado de la Audiencia Nacional realice «una acusación explícita contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Sánchez expresa la «máxima preocupación» en nombre de las 4.500 personas que conforman la AVT.

Las víctimas ponen el acento en la condición de juez de la Audiencia Nacional de De Prada, magistrado de la sección segunda de la Sala de lo Penal, plaza que le puede llevar a enjuiciar delitos de terrorismo. «Es ahí donde reside la trascendencia de sus declaraciones, en que las realiza como magistrado de la Audiencia Nacional y no como un ciudadano o profesional más», explica la misiva, a la que ha accedido ABC. «Todo juez debe ser tremendamente escrupuloso en las valoraciones relacionadas con su labor», añade la carta.

Comparte esa visión Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, quien expresó a ABC que «la condición de juez prima sobre su condición de ciudadano porque él representa a la autoridad». Ordóñez consideró que el deber de De Prada «es denunciarlo ante la autoridad, si tiene sospechas». «Fundamentar un juicio en percepciones y no en hechos es peligroso», añadió.

El presidente de la AVT, que también ha pedido una cita con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, aseguró a ABC que estas declaraciones les hacen «perder mucho la fe en la Justicia, lo único que nos queda tras perder a nuestros seres queridos». El juez, que también aseguró que la Audiencia Nacional hacía «política criminal», realizó tales reflexiones en un coloquio en el ayuntamiento de Tolosa compartida con el abogado de etarras Íñigo Iruin, recogido en el diario Gara el pasado 15 de abril.

«Falsas acusaciones»

Otras asociaciones de víctimas también reaccionaron. Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (Acfsevt), consideró que el CGPJ «debería tomar cartas en el asunto». «Las falsas acusaciones de tortura han tenido siempre el objetivo de poner en evidencia a las personas de los servicios secretos», opinó en declaraciones a ABC. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, señaló que el magistrado trata de «maquillar el final del terrorismo, culpando a las fuerzas de seguridad, los verdaderos artífices del final etarra».

Los principales sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil también censuraron las palabras del juez De Prada. El portavoz del sindicato mayoritario en la Policía (SUP), Javier Esteve, señaló a Efe que hoy disfrutamos de un «sistema totalmente democrático» en el que «existen canales para evitar casos de tortura» y «no se puede decir que vivimos en un Estado de tortura o represión».

Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, emplazó al CGPJ a tomar «algún tipo de medida» ante las que considera unas declaraciones «infames, indignas e impropias de un miembro de la judicatura con sus responsabilidades».

Fuentes del CGPJ todavía no tenían constancia ayer de la denuncia de las víctimas, pero aunque así fuera no habría dado tiempo de que abordara el asunto la Comisión Permanente de esta semana. El órgano de gobierno de los jueces solo tiene competencia en materia disciplinaria, de forma que si se interpreta que la intervención del magistrado entra en los supuestos previstos en los artículos 417, 418 y 419 del Código Penal, De Prada podría ser sancionado con una multa.