Vencedores y vencidos

De seguir por este camino, habrá jueces germanos que admitirán la existencia de «presos políticos» catalanes

Manuel Marín
MadridActualizado:

Que un portavoz del Gobierno alemán telefonee al Ejecutivo español para sostener que es un «malentendido» la interpretación que hizo la ministra germana de Justicia de la resolución que rechaza la entrega de Carles Puigdemont por rebelión, es un ejercicio de cinismo. Alemania no solo ha puesto en cuestión la credibilidad de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro sistema de garantías, sino que niega la existencia de la violencia como condición inherente al delito de alta traición. El desfase entre el concepto jurídico de violencia en cada país de la Unión Europea, además de la absoluta desconexión entre la dudosa «violencia jurídica» y la evidente violencia social, es absoluto, y Alemania opta por huir de un análisis objetivo de la realidad catalana de los últimos meses.

Ahora, Alemania también pone abiertamente en duda que Puigdemont haya malversado dinero público en la consulta ilegal del 1-O, y por eso exige informes ampliatorios a España. De seguir por este camino, habrá jueces alemanes que admitirán en breve la existencia de «presos políticos». No parece Alemania un pilar básico de la democracia en Europa cuando desprecia con tanta ligereza los indicios hallados en España para juzgar a Puigdemont. Quizás sea el momento de beatificarlo con loas y honores porque Alemania está dando la puntilla a la euroorden como instrumento de leal colaboración entre países democráticos.

Ahora, dado el temor a un enquistamiento de las relaciones políticas y diplomáticas con Alemania, emergen las matizaciones y los mensajes de mesura. Pero se ha quebrado el principio de mutua confianza por más que se niegue. Ese principio ha saltado hecho añicos porque Alemania está cuestionando de facto nuestra propia Constitución como sistema de valores del que emana un Código Penal que es perfectamente democrático.

No se trata de que Alemania prejuzgue si Puigdemont ha cometido rebelión o malversación. En el fondo, se trata de que Alemania no confía en que pueda ser juzgado en España con objetividad por esos delitos. Su obligación es observar si esos delitos son compatibles en ambos países, lo que a los ojos de la propia Fiscalía alemana y del propio Supremo español era evidente, y no insinuar en un «off the record» que no será entregado a España porque será víctima de una sentencia injusta.

Y eso es más que una extralimitación, por legítimo que sea para la justicia germana dictar un fallo así. Es un drama y supone la perversión del sentido jurídico, político y real de una euroorden. El Supremo no ha incurrido en ninguna chapuza jurídica. Es factible una interpretación diversa y contraria de la misma norma en los dos países. Pero ello arrastra consecuencias políticas y morales indeseables en la medida en que Alemania parece ignorar que este conflicto en España solo se va a dirimir en términos de vencedores y vencidos.

Manuel MarínManuel MarínAdjunto al DirectorManuel Marín