Artur Mas acompaña a Frances Homs al Tribunal Supremo el pasado febrero para declarar por el 9-N - IGNACIO GIL

El Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas y a ocho altos cargos 5,25 millones de euros por el 9-N

El expresidente, tres exconsejeros y cinco altos cargos tendrán que asumir los gastos de la consulta según su responsabilidad y de forma solidaria. A Mas le reclaman 2,1 millones. Tienen 15 días para recurrir antes de depositar la fianza

MadridActualizado:

El Tribunal de Cuentas ha entregado este lunes a los representantes de Artur Mas y el resto de denunciados por la consulta del 9-N la «Liquidación Provisional» que tendrán que abonar de su bolsillo. Asciende a 4.831.599,03 euros, a los que se suman 420.349,14 euros en concepto de intereses. En total son 5.251.948,17 euros que se reparten según la responsabilidad de los denunciados.

El expresidente es responsable de todos los gastos derivados de la consulta ilegal, seguido de su vicepresidenta, Joana Ortega, el que fuera consejero de Presidencia, Francesc Homs, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau. Ahora tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones. Transcurrido este periodo, los denunciados tendrán que depositar la cantidad definitiva como fianza a la espera del juicio contable.

La liquidación presentada por la Sección de Enjuiciamiento se divide en nueve partidas de gastos, según fuentes consultadas por ABC. En cada una de ellas hay un mínimo de dos personas y un máximo de cinco y Artur Mas está en todas. La cantidad de cada partida se divide entre los responsables, pero si alguno fuera insolvente, los otros responderían de forma solidaria. Si todos cumplieran con su parte, Artur Mas tendría que abonar 2.105.314 euros, intereses incluidos. En 2013 presentó una declaración de bienes, como presidente de la Generalitat, en la que informaba de que su patrimonio ascendía a 470.000 euros a fecha 31 de diciembre de 2012.

El mayor gasto que reclama el Tribunal de Cuentas por el 9-N de 2014, cuando falta menos de una semana para el referéndum ilegal del 1-O, asciende a 2.800.735,13 euros y corresponde a la «adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación». Con los intereses, la cifra queda en 3.044.399,09 euros, de la que responderán a partes iguales Artur Mas e Irene Rigau.

El resto de responsables contables de la consulta son cinco altos cargos: Jordi Vilajoana, secretario general del la Presidencia con Artur Mas y exvicepresidente segundo del Congreso de los Diputados; LLuis Bertrán, subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat; Josefina Valls, directora de Servicios; Jaume Domingo, exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat; e Ignasi Genovés, director general de Difusión.

Todos ellos fueron denunciados por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes. El Tribunal de Cuentas ha exonerado de responsabilidad contable a dos de los demandados, los interventores Jordi Serra y Carolina Pardo, esta de forma provisional.

Desglose de pagos

La denuncia ponía de manifiesto «la existencia de ciertas salidas de fondos de la Generalitat para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo el 9 de noviembre de 2014». Al margen de la vía penal, que ya supuso la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del expresidente de la Generalitat, de Homs, de Rigau y de Ortega, la acción del Tribunal de Cuentas se ocupa de las responsabilidades contables de funcionarios, administraciones y empresas públicas.

Los pagos identificados son 14.837 euros para la construcción y publicación de una página web institucional; 70.532 euros para transporte y material para la votación; 2,8 millones para la adquisición de ordenadores portátiles; 828.735 euros para publicidad institucional; 1,4 millones para la póliza de seguros para los voluntarios; 1,1 millones para labores de apoyo informático; y 307.962 euros para el envío de información. En total 5,12 millones que deberían afrontar a partes iguales los investigados.

Al margen de la vía penal, que ya supuso la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del expresidente de la Generalitat, de Homs, de Rigau y de Ortega, la acción del Tribunal de Cuentas se ocupa de las responsabilidades contables de funcionarios, administraciones y empresas públicas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.