El Tribunal Constitucional no suspenderá de oficio a Forcadell, aunque la ley se lo permite
El tribunal esperaría para estudiarlo a la petición del Gobierno y buscaría mantener la unanimidad al decidir sobre el secesionismo
El Tribunal Constitucional (TC) solo estudiaría suspender en funciones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , si el Gobierno de Mariano Rajoy le solicitara tal medida. Fuentes jurídicas han informado a ABC de que el tribunal garante de la Constitución descarta tomar la iniciativa para adoptar la suspensión de un alto cargo que incumpla sus resoluciones, una decisión que supondría un hito en nuestra democracia y que el TC puede acordar de oficio desde la reforma de la ley que reforzó sus poderes.
Los doce magistrados del tribunal garante de la Constitución tratarían de mantener, además, la unanimidad al adoptar la decisión, una posición única que han logrado hasta ahora en todas sus decisiones sobre el desafío secesionista . La gravedad de la medida podría dificultar este objetivo, dadas las diversas sensibilidades de los doce jueces que forman el tribunal, que no estarían vinculados por la petición.
La suspensión en funciones es un arma a disposición del tribunal garante de la Constitución desde la reforma aprobada en 2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional , sacada adelante por el Partido Popular en solitario. Esta medida solo puede acordarse para asegurar el respeto a sus decisiones y su finalidad nunca es castigar, como sucede con una inhabilitación en una condena penal.
A pesar de la escalada del secesionismo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca ha pedido al TC que acuerde la suspensión de un alto cargo independentista, ni siquiera ayer, cuando elevó el tono en su escrito al pedir la «mayor contundencia posible» . El Gobierno, como en otras ocasiones, solicitó al tribunal garante que «deduzca testimonio» frente a los diputados autonómicos que admitieron a trámite la ley del referéndum, el barniz que los independentistas quieren otorgar a la consulta ilegal.
«Deducir testimonio» supone simplemente poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía , quien ayer anunció una querella contra los miembros de la Mesa del Parlament. El TC no tiene capacidad para perseguir delitos -su función es garantizar e interpretar la Constitución- pero puede informar al Ministerio Público.
Esa actitud «pasiva» del TC también provocó que no apercibiera a las autoridades del Parlament y del «Govern» hasta que el Ejecutivo se lo pidió de forma expresa. Sucedió el 11 de noviembre de 2015, cuando el TC suspendió la declaración de «desconexión» del Parlament -el «acto fundacional» del proceso independentista- y ordenó la notificación personal de la decisión, una potestad que también le otorgó la reforma de 2015.
En cualquier caso, la suspensión de Forcadell solo podría llegar después de que el tribunal le requiriera para que informe sobre su comportamiento, como se regula en el artículo 92.4 de la ley que fija el funcionamiento del TC . La medida se adoptaría solo durante el tiempo necesario.
Los doce magistrados del TC se vuelven a reunir hoy en pleno , en el que podrían abordar la petición del Ejecutivo, que ayer llegó después de haber finalizado su reunión. Los jueces también deben afrontar la recusación que ha presentado Forcadell contra ellos.
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