Vídeo: Puigdemont exige gobernar desde el exilio - ABC

Así es la trastienda del separatismo de Cataluña

A pesar de las bravuconerías externas, ERC se cuida de no cometer ilegalidades para evitar la cárcel

BarcelonaActualizado:

Sólo Puigdemont insiste en la ilegalidad y en «poner contra las cuerdas al Estado» porque da por arruinada tanto su carrera política como su vida y busca a la desesperada cualquier modo de no convertirse en el nuevo juguete roto de Waterloo, haciéndole compañía al fantasma de Napoleón. Nunca son casuales los destinos.

Esquerra no quiere sacrificar a más de los suyos, y menos a mayor gloria de quien se ha valido del insulto y de la mentira para derrotarles en las urnas. Para satisfacer la vanidad de Puigdemont -algunos, más que de su vanidad, hablan ya de sus delirios- los republicanos están dispuestos a favorecer un gesto simbólico para «vestir al espantapájaros», pero con el compromiso de que no nada sea ilegal y de que haya un presidente y un Govern en Barcelona que puedan gobernar. Lo que hasta ahora ha planteado el expresident, ERC no lo puede aceptar, no tanto por la evidente pugna partidista como porque «está fuera de la realidad, que es muy tozuda, y más después de la aplicación del artículo 155. Por lo tanto, la investidura del próximo presidente de la Generalitat continúa lejana y confusa. «Tanto en la CUP como en Esquerra estamos a la espera de que Puigdemont aterrice en la cordura».

También los empresarios que ayudan al líder de los fugados están preocupados por la imparable acción de la Justicia. Para no dejar rastro y no incomodarse con el Estado, que por la vía de la transferencia bancaria detectaría el origen de la donación, le pagan a Puigdemont en efectivo. Del mismo modo, y para sortear el impuesto de donaciones, lo hacen con dinero negro. Y todo ello manualmente, teniendo que viajar a Bruselas «de 10.000 en 10.000», porque 10.000 euros es la cantidad máxima de cash que un viajero puede llevar consigo.

En varios de estos peregrinajes, estos empresarios o sus enviados han detectado la presencia de agentes de la Guardia Civil, que «de momento no intervienen, pero nos acompañan con la mirada, como queriendo decirnos: que sepáis que sabemos que habéis ido». No hay nada que a un empresario le asuste más que el Estado tomando nota; y hasta el más «puigemoniano» de estos hombres de negocios es capaz de entender que colaborarle a un prófugo no es la mejor manera de ganarse el favor del Gobierno, ni siquiera su indiferencia. Por ello la mayoría de ellos han dejado de hacer el trayecto entre Barcelona y Bruselas directamente y pasan por Marsella, con la creencia de que así borran sus huellas.

El último que se atrevió a pasar grandes cantidades de dinero fue Albert Batet, alcalde de Valls, que al haberse posicionado en favor de la dirección del PDECat (Marta Pascal y David Bonvehí), había caído en desgracia en el círculo presidencial y Puigdemont no le quería en su lista electoral del 21 de diciembre. En su obsesión por repetir como diputado, Batet «compró» su escaño. Hizo dos viajes a Bruselas, el primero con un sobre de 25.000 euros y el segundo con otro que pasaba de los 65.000 para «ayudar desinteresadamente a nuestro presidente legítimo en su lucha contra España, que es la lucha de cualquier catalán libre». Alguien le hizo ver lo temerario de su viajes, pero lo cierto es que con su afán «desinteresado» consiguió revalidar el escaño.

El Estado, a través de la aplicación de la Ley y de la vigilancia de la policía, está estrechando los círculos independentistas. Tanto los partidos, como sus líderes y activistas asumen que cada vez tienen menos margen y que de cada cosa que hagan tendrán que pagar el correspondiente precio. En este sentido, Anna Gabriel, que está estos días en Venezuela apoyando a Nicolás Maduro en su campaña electoral, se está planteando no volver a España y quedarse en Caracas «exiliada» para evitar la cárcel. De momento le ha pedido al juez Llarena aplazar su declaración hasta el día 21, y éste se lo ha concedido, para ganar tiempo mientras acaba de pensárselo. Su compañera de partido, Mireia Boya, también está considerando la posibilidad de fugarse.

Los independentistas se atrevieron a hacer lo que hicieron porque en su farol permanente creyeron que también el Estado iría de farol, y que no se atrevería a tomar las drásticas decisiones que ha tomado, y que por lo tanto estaban en condiciones de forzar una negociación. Pero una vez más quedó claro que el catalanismo político está todavía en las cuestiones previas, y que antes de querer fundar un Estado tendría que saber qué es y cómo funciona.

También creyeron que la Unión Europea concretamente, y en general la comunidad internacional, apoyarían la causa del catalanismo, en otra demostración de que no sólo no saben qué es un Estado sino que tampoco entienden que la UE es un cub de Estados que se ayudan entre ellos.

Aunque sorprenda por lo que tiene de naif, tanto a los que están en Bruselas como a los que están en la cárcel, la respuesta del Gobierno a su rebeldía, más que indignarles, les ha sorprendido.