Tercera baja en la consejería clave de Educación

El Consejo de Garantías catalán tumba una de las leyes de «desconexión»

Barcelona Actualizado: Guardar
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Baile de sillas en una de las consejerías clave para la organización del pretendido referéndum del 1 de octubre. El relevo de la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, en la última crisis de gobierno de la Generalitat -en dos fases han salido hasta cuatro consejeros, además del secretario del ejecutivo-, ha provocado una serie de dimisiones en cadena. A última hora de la noche del jueves se conocía la renuncia de la secretaria de Enseñanza de la Generalitat y número dos de este departamento, Maria Jesús Mier, mientras que ayer se conocía también la renuncia del secretario de Políticas Educativas, Antoni Llobet.

Antes de que se conociera esta última salida, la nueva consejera de Educación, la profesora universitaria y activista de la ANC, Clara Ponsatí, negaba que las salidas se produjesen por una motivación ideológica o por discrepancias con respecto al proceso soberanista o la consulta.

Ponsatí lo atribuyó al cambio «totalmente normal» que se da en los puestos de confianza de cualquier departamento cuando hay un cambio de consejero: «No he tenido ocasión de tener una discusión ideológica absolutamente con nadie. Esto no va de ideología. Es un relevo de común acuerdo».

En cualquier caso, si la salida de los escalafones intermedios de la consejería se explica en la Generalitat como una cuestión «normal», el relevo de la consejera Ruiz sí que se leyó en clave de purga para alinear a todo el Govern en posición de combate. A los titubeantes se les señaló el camino de salidad. Saltaron Baiget (Empresa), Ruiz (Educación), Munté (Presidencia) y Jané (Interior). La salida de este último es la que más repercusión ha tenido, en tanto que también arrastró con él al director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, como el exconsejero partidario de que la policía autonómica dentro de la más estricta legalidad. Se estima en una veintena el número de relevos o cambios en el Govern en los últimos tres meses en relación a la consulta.

Por otra parte, y después de que el jueves se conociese un informe crítico con el proceso del l etrado mayor del Parlamento de Cataluña, ayer se conoció otro inorme, en este caso del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) de Cataluña que dictamina que un artículo y tres disposiciones adicionales de la proposición de ley del Código Tributario de Cataluña, una norma clave para la «desconexión» fiscal de la comunidad, vulneran la Constitución.

El último «zasca»

El dictamen, adoptado por unanimidad de los miembros del Consejo, había sido solicitado el 21 de junio por los grupos de Ciudadanos, el PSC y Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, al considerar que algunos preceptos de esta proposición de ley, el esqueleto de la futura ley de la Hacienda catalana, no se adecuaban al marco constitucional.

La diputada socialista Alicia Romero y el portavoz de los «comunes» en el Parlament, Joan Coscubiela, consideraron ayer que el Consejo de Garantías Estatutarias «desautoriza» la estrategia del Govern de llevar a cabo una «desconexión» unilateral de Cataluña del resto de España. Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, celebró ayer «el nuevo zasca» que a su parecer representa el informe del CGE.

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