La subida de impuestos enfrenta a las comunidades y a los partidos

El Gobierno de Rajoy y las Comunidades han abierto la caja de los truenos de la financiación autonómica, y se han marcado como objetivo lograr un acuerdo sobre el nuevo modelo antes de que acabe el año. Este fue uno de los principales puntos de la Conferencia de Presidentes del martes, en la que Rajoy advirtió a todos de que la recaudación sigue estando 20.000 millones de euros por debajo de la que había en 2007, a pesar de que España crece un 3,3 por ciento, y con 40.000 millones más de euros de gasto en pensiones. En cuanto se abrió el debate sobre la financiación, saltaron las chispas entre los presidentes autonómicos, sobre todo cuando Susana Díaz exigió una «armonización fiscal», que acabe con los impuestos autonómicos bajos de comunidades como Madrid, algo que, a su juicio, les hace una competencia desleal.

Cuando se produjo este choque en la Conferencia de Presidentes se verbalizó una realidad que lleva años construyendo fronteras fiscales entre ciudadanos. Las diferencias en el Impuesto de Sucesiones o de Patrimonio son de miles de euros según el contribuyente sea de una autonomía o de otra. Unos kilómetros pueden suponer cientos de miles de euros de diferencia. Si un soltero de 30 años hereda de su padre bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 proceden de la vivienda habitual del progenitor, este ciudadano deberá pagar más de 150.000 euros en impuestos si reside en Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón; si es de Canarias, Cantabria o Madrid la factura será menor a 1.600 euros. Ello ha disparado las renuncias de herencias en numerosas regiones.

Cuantiosas diferencias

La situación se repite en el IRPF o en Patrimonio: en todos ellos Madrid, La Rioja, Canarias y Cantabria tienen impuestos más amables que Cataluña, Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana. Sin embargo, la dispersión ha sido fomentada por los propios gobiernos autonómicos que tienen responsabilidad en estos tributos. Al final, en Sucesiones y Patrimonio estas cuantiosas divergencias para el ciudadano no tienen gran impacto presupuestario para las autonomías y supone más un gesto político que económico. El impuesto a las herencias ingresó 2.454 millones en 2015 mientras que el que grava a la riqueza consiguió 1.001 millones: entre ambos apenas suponen un 2% de los ingresos autonómicos, de 152.254 millones.

Pero la competencia fiscal viene de largo. Madrid es la comunidad que más recauda en Sucesiones –recabó en 2013 unos 400 millones, frente a los 344 de Andalucía o los 298 de Cataluña–. Sus bajos tributos y la consiguiente fuga de patrimonios y fortunas a la capital ha enfrentado a la región con otras comunidades como Cantabria o Andalucía a cuenta de grandes herencias como la de Emilio Botín (padre) o la de la Duquesa de Alba.

Ante este panorama, el Gobierno tenía en mente cambiar la financiación autonómica y, por consiguiente, la tributación regional con la reforma fiscal de 2014. El informe encargado a la comisión de expertos designada por Hacienda ya propuso entonces armonizar Sucesiones con una horquilla de tipos y suprimir Patrimonio, un tributo que tiene más sentido a efectos de control tributario y lucha contra el fraude que recaudatorio. Sin embargo, aparcó esta reforma hasta que hubiera recursos. Hasta ahora.

Batalla abierta

La batalla de los impuestos en las comunidades está abierta, con un enfrentamiento claro entre dos modelos, el de Andalucía, con los impuestos más caros, y el de Madrid, con los más bajos. Entre las comunidades socialistas, Baleares insiste en la «autonomía» fiscal. Por las regiones del PP, Madrid y Murcia encabezan la oposición tajante a una subida de impuestos, y menos aún de forma obligatoria por una «armonización» al alza. En el medio podrían situarse Galicia o Castilla y León. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que lo más razonable sería aplicar unas horquillas de máximos y mínimos.

El Gobierno, de momento, deja que el debate fluya y se limita a escucha a unos y a otros. «Es un tema abierto», afirmó el jefe del Ejecutivo tras la cumbre. Por ahora solo habrá un estudio para saber cómo se está ejerciendo la corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades en impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones o IRPF.

Ciudadanos intenta hacer equilibrios, para defender su política contraria a la subida de impuestos, y por otro lado apoyar una «armonización» que se sitúe «en el medio», para evitar una competencia fiscal «desbocada», como sostuvo ayer su vicesecretario general, José Manuel Villegas. Ese «punto medio» supondría una fuerte alza fiscal en regiones como Madrid. Podemos defiende una cosa y la contraria: la «necesaria armonización», y al mismo tiempo «la garantía de la autonomía fiscal» de las comunidades autónomas.