Cartel que ha difundido el sindicato Unió Obrera Balear
Cartel que ha difundido el sindicato Unió Obrera Balear - Unió Obrera Balear (UOB)

Un sindicato independentista llama «inquisidores» a dos diputados de Cs que denunciaron adoctrinamiento en las aulas

La UOB critica de este modo el hecho de que ambos políticos hayan presentado un informe al Defensor del Pueblo contra la presunta manipulación ideológica en los centros educativos del Archipiélago

Palma de MallorcaActualizado:

El sindicato independentista Unió Obrera Balear (UOB) publicó este martes en su página web un cartel —que puede ser descargado e impreso— en el que acusa a los dos diputados de Ciudadanos en el Parlamento balear, Xavier Pericay y Olga Ballester, de ser «los nuevos inquisidores que quieren intimidar y hacer purgas entre los docentes de Baleares». En el citado cartel, escrito en catalán, se incluyen datos biográficos y profesionales de carácter tendencioso de los dos diputados de Cs, como por ejemplo su supuesta oposición a la lengua catalana.

El mencionado cartel se encabeza con el lema «¡Sí, nosotros adoctrinamos!». Para la UOB, «adoctrinar» sería «instruir —a alguien— en alguna cosa». Esa definición difiere de la que da la Real Academia, que señala que «adoctrinar» es «inculcar a alguien determinadas ideas o creencias». En cualquier caso, el citado sindicato afirma que sus integrantes adoctrinarían «en derechos fundamentales y valores democráticos y pacíficos, en la defensa del espíritu crítico y la libertad de expresión, en el amor por la lengua y la cultura propia de Baleares, y en el respeto por las lenguas y las culturas del mundo».

El cartel acusatorio de la UOB es la respuesta de este sindicato al hecho de que el pasado 17 de noviembre Pericay y Ballester entregaron al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, un informe en el que se recogen casos de presuntos adoctrinamientos y manipulaciones ideológicas «de extrema gravedad que conculcan derechos fundamentales». Para la UOB, en cambio, dicho informe habría puesto en el «punto de mira» con «nombres y apellidos» a docentes, centros educativos, cargos políticos, asociaciones de padres y sindicatos por «defender la democracia y protestar contra las cargas policiales en el referéndum de Cataluña del 1 de octubre».

Tras haber entregado el citado informe al Defensor del Pueblo, Pericay explicó a los medios que «el modelo balear es un modelo mimético del modelo catalán» y señaló que pese a que el Gobierno balear afirma y reitera que no hay adoctrinamiento en las aulas, realmente sí lo habría. El diputado autonómico de Cs indicó que si hasta ahora no se han producido más denuncias, sería «por miedo a represalias» contra los hijos de los padres denunciantes.

Las críticas por el supuesto adoctrinamiento que se estaría produciendo en los centros educativos isleños no han empezado en este mandato, pero es ahora cuando están siendo cada vez más recurrentes. A ello hay que añadir que, además, en la actual legislatura se ha vuelto al sistema de inmersión lingüística en catalán en la enseñanza, hecho que también ha suscitado quejas de padres o de entidades como la Fundación Nacional Círculo Balear.

Por su parte, el consejero de Educación del Ejecutivo autonómico, el socialista Martí March, ha reiterado en estas últimas semanas que en su departamento «no hay ninguna queja ni ninguna denuncia» por adoctrinamiento ideológico. Cabe recordar que en el presente mandato preside la Comunidad la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval externo de Podemos y de MÉS por Menorca.

Históricamente, la mayoría del profesorado de las Islas podría considerarse próxima a posiciones nacionalistas o independentistas, si bien ello no tendría que presuponer, en principio, una predisposición al adoctrinamiento de los alumnos por parte de dichos docentes. Sea como sea, en estos últimos meses tanto Cs como el PP han alertado de que esa presunta manipulación ideológica en escuelas e institutos de Baleares no sólo existiría con total seguridad, sino que además se habría incrementado en este curso, sobre todo con actos de apoyo al referéndum ilegal del 1 de octube en Cataluña.

En ese contexto, cabe recordar que el pasado mes de octubre la Fiscalía de Menores inició una investigación relacionada con la posible realización, en algunos centros, de «actos relacionados con el hecho de implicar o hacer participar a menores en actos reivindicativos ajenos al ámbito educativo o relacionados con su participación en manifestaciones o concentraciones en horas lectivas». Dichas actuaciones habrían sido promovidas por profesores de varios centros públicos y estarían relacionadas con la situación política vivida en Cataluña en los últimos meses. Para la Fiscalía, «tales actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores».