Rull y Turull piden a la Audiencia que remita la causa a Barcelona

La defensa niega que los exconsejeros alentaran a la rebelión y que manejaran dinero

Los exconsellers, de camino a su declaración en la Audiencia Nacional el día 2 Ignacio Gil

N. VILLANUEVA / L. P. ARECHEDERRA

«El votar a favor de una convocatoria ilegal de un referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión». Así lo asegura la defensa de los exconsejeros de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y Josep Rull, respectivamente, en un recurso presentado ante la Audiencia Nacional. En él piden, entre otras cuesiones, que se remita la causa a los juzgados de Barcelona al considerar que la Audiencia no es competente para investigarles. El pasado viernes, el abogado de Oriol Junqueras -el exvicepresidente también está imputado en la Audiencia-, Andreu van den Eynde, solicitó al Tribunal Supremo que acumulara la causa de los consejeros a la de Forcadell y los miembros de la Mesa que ya investiga para evitar la «disparidad de criterios» entre ambos tribunales. Ninguna mención se hizo a que el procedimiento se siguiera instruyendo en Cataluña.

En un escrito presentado ante la Sala Penal , el nuevo abogado de los exconsejeros de Puigdemont, Jordi Pina -del mismo despacho profesional que el de Santi Vila, en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza-, recurre la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía por rebelión y niega que se hayan producido los delitos que se imputan a los consejeros. Ni Turull ni Rull, argumental el letrado, llamaron a los ciudadanos a alzarse ni a oponerse con violencia a la acción de los autoridades o sus agentes.

«El mero dictado de leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público y violento exigido por el presente delito. Del mismo modo que tampoco supone un alzamiento público o violento la realización de movilizaciones de protesta pacífica por parte de los ciudadanos, que solo han pretendido expresar opiniones políticas», sostiene la defensa.

En dos recursos que solo difieren en el relato de los dos tuits que se atribuyen a Rull en calidad de consejero de Territorio y Sostenibilidad, el abogado critica que la Fiscalía y la juez Carmen Lamela pretendan «hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta -aun no violento- acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana, argumentando sin indicio alguno para sustentar semejante hipótesis que tales hechos obedecerían a un plan común orquestado por los querellados para alcanzar la independencia de Cataluña , como si ellos los hubieran organizado, preparado o alentado».

En el primero de los tuits, Rull se vanagloriaba de no haber dejado atracar en el puerto de Barcelona a uno de los ferris que alojaba a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Segudidad del Estado: «En efecto, no les hemos dejado atracar». Una afirmación que ampliaba en un diario digital: «La presencia testosterónica de la policía en el puerto está entorpeciendo las exportaciones».

En un segundo tuit, del 22 de septiembre, el entonces consejero apuntaba: «Para reprimir no hay congelación de cuentas ni límites al déficit público». Una manifestación que se enmarca, dice el abogado, en el ejercicio de la libertad de expresión.

Sobre la malversación, la defensa señala que ambos consejeros «carecían de toda capacidad de decisión respecto a aquellas actividades que, según la querella, han motivado gasto público» ni tampoco administraron el patrimonio supuestamente malversado.

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