Roures se defiende con desdén: «Buscan culpables para justificar su inoperancia»

El presidente de Mediapro dice que quieren hacerle «pagar» por la producción del documental «Las cloacas de Interior»

Jaume Roures, presidente de Mediapro EFE

EFE

El presidente de Mediapro, Jaume Roures , considera que el informe de la Guardia Civil que le señala como posible integrante del comité ejecutivo del procés «busca culpables para justificar su inoperancia», y que también se le hace «pagar» por la producción del documental «Las cloacas de Interior».

La Guardia Civil ha remitido un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que señala que Roures «podría» formar parte del comité ejecutivo formado para dirigir el proceso independentista catalán en su condición de profesional experto en los medios de comunicación.

El informe incluyen tres llamadas telefónicas que «corroboran» que la Generalitat contó con el soporte de medios de comunicación privados «y en especial del empresario Jaume Roures Llop» para movilizar a la sociedad catalana.

En declaraciones a Catalunya Radio, Roures ha asegurado hoy que «me involucran por llamadas telefónicas entre gente que no conozco y que tampoco dicen nada», lo que a su juicio «da risa», si bien le sorprende «que esto se pueda enviar a un juez para intentar probar no se sabe qué».

Ha resaltado que el hecho de haberse enviado también al juez el documental que produjo sobre lo acontecido el 1-O es «un poco de una policía política», y ha considerado que ese día las «estructuras de Estado» dedicadas a impedirlo, como la Policía o el CNI, «quedaron en ridículo, porque aparecieron las urnas, las papeletas y se hizo» el referéndum .

A su juicio, ahora «buscan culpables para justificar su inoperancia» y también « estamos pagando por el documental sobre las cloacas del Estado , donde se pone en evidencia que había estructuras paralelas en la policía y en la judicatura, y quedaba bastante demostrado el papel de determinados medios de comunicación de Madrid».

A Roures le sorprende que «esto se pueda utilizar como prueba de una teórica participación en un comité en el que no he estado nunca, que se envíe al Supremo y que 4 días después sea portada de todos los diarios. Esto es una carga que no te sacas de encima fácilmente, independientemente de lo que haga el señor Llarena con el informe».

El presidente de Mediapro opina que «aquí hay un ataque brutal a los derechos y las libertades más básicas y la gente se lo va tragando, no sé si porque contra el independentismo es todo aceptable, o porque hay un muy bajo nivel de cultura democrática».

La respuesta de Mediapro

El grupo audiovisual Mediapro califica como « un atentado contra la libertad de creación, expresión y pensamiento » el informe de la Guardia Civil que sitúa a su presidente, Jaume Roures, como posible integrante del «comité ejecutivo» que dirigía el proceso independentista.

Según destaca el grupo audiovisual en un comunicado, el informe, remitido al juez del Supremo Pablo Llarena, adjunta un DVD con el documental «1-O», producido por esta compañía, «como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña».

En este sentido, Mediapro considera « extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva».

«Dichas libertades -continúa la nota de Mediapro- contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron '1-O', atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017».

Para Mediapro, «criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar» las voces de las personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre, mientras destaca que la emisión de «1-O» registró un récord de audiencia , con más de 1.100.000 espectadores en TV3 y una cuota de pantalla del 34'4%.

Mediapro «tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas », y recuerda en el comunicado que solo la mitad de las comparecencias correspondieron a miembros del Govern.

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