Salvador Sostres

Así responderá el Gobierno a la declaración de independencia

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El Gobierno asume que esta tarde, de una manera o de otra, el Parlament declarará o proclamará la independencia y que por muchas invitaciones al diálogo y a la mediación que la envuelvan, no tendrá más remedio que poner en marcha la maquinaria del Estado para, como señaló el Rey en su discurso, restablecer el orden constitucional en Cataluña.

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El mecanismo que se seguirá es el que está previsto en la Constitución. El primer paso será requerir formalmente al presidente Puigdemont que desista de su actitud y se le dará un plazo de 24 horas para que lo haga.

Cuando expire el plazo y previsiblemente Puigdemont persista en su rebeldía, el Consejo de Ministros se reunirá para decidir qué medidas toma, bajo el amparo del artículo 155, para tomar el control efectivo de la Generalitat. Uno por uno, establecerá de qué modo y con qué cargos y personas asume las funciones de los distintos departamentos del Govern, de los Mossos y de otras estructuras clave como los medios de comunicación de la Generalitat (Catalunya Ràdio y TV3).

El Gobierno prevé dificultades en la concreción de estas medidas: huelgas de maestros y de médicos independentistas, alboroto callejero, Mossos desleales que desobedezcan al propio cuerpo intervenido, sabotajes de las propias infraestructuras catalanas para colapsar la economía española hasta hundirla y que la Unión Europea acabe forzando al presidente Rajoy a negociar con un mediador internacional. Confusión. Caos. Disturbios. Semanas trágicas.

Otra vía abierta es la judicial. El Gobierno no ordenará la detención del presidente de la Generalitat: será, si procede, un juez quien lo haga y si no se entrega -que lo más probable es que no lo haga porque si ha declarado la independencia no reconocerá la jurisdicción española- habrá que ir a buscarle. Por su parte, Trapero, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están llamados a declarar el próximo día 16. Si no acuden, igualmente habrá que ir a detenerles.

La parte física de esta intervención del Estado es todavía más delicada que la parte política y legal. ¿Podrá la policía encontrar y detener a los líderes del secesionismo declarados en rebeldía? ¿Logrará imponer el relato de la legalidad o cundirá la propaganda de la represión? El 1 de octubre no tuvo lugar en Cataluña ningún referendo, pero se produjo físicamente una votación con urnas que el CNI no fue capaz de encontrar y en unos colegios electorales que ni el Gobierno ni la Justicia fueron capaces de mantener cerrados. Además, no sólo el Gobierno sino la mismísima idea de España perdieron de un modo clamoroso y humillante la batalla mediática.

¿Qué sucederá esta tarde? ¿Será el Estado a través del Gobierno, de la Justicia y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad capaz de sofocar la rebelión? ¿Con qué coste? ¿Qué precio está dispuesto a pagar Europa -incluso en recuento de cadáveres- para mantener su apoyo al Estado de Derecho español? ¿Condicionarán los Verdes alemanes, próximos socios gubernamentales de Merkel, el hasta ahora inequívoco apoyo de la canciller a Rajoy?

El Gobierno prevé días y semanas tensos, broncos y no exentos de graves consecuencias en Barcelona y Cataluña. No descarta tener que recurrir al ejército para restablecer el orden público si el caos llegara a ser insoportable, aunque preferiría no tener que necesitarlo.