Rajoy usará todos los medios para retrasar las leyes de la oposición

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no está dispuesto a consentir que la oposición gobierne desde el Congreso de los Diputados. Para evitarlo, además de hacer uso del veto por razones presupuestarias, los populares van a desplegar todas las herramientas parlamentarias a su alcance para dilatar al máximo la tramitación de las proposiciones de ley que la oposición logre aprobar con el voto en contra del partido más votado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer que solo acogerá aquellas iniciativas de la oposición que sean «obligatorias»; es decir, las que no tenga más remedio que asumir. Contestaba así al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se estrenó en el duelo con el presidente en una sesión de control preguntando cómo va aplicar las leyes que la oposición apruebe en la Cámara baja.

Con la estrategia de la dilación el objetivo del Gobierno no es tanto repeler las iniciativas de la oposición como consensuarlas. «Retrasaremos los tiempos todo lo que podamos hasta que logremos llegar a un acuerdo», subrayan fuentes de la dirección del grupo, que defienden la importancia de alcanzar amplios consensos en una legislatura donde el voto ha estado tan fraccionado como en la actual.

De hecho, el Reglamento del Congreso ofrece diversas posibilidades a los populares para ir extendiendo las tramitaciones pero, en ningún caso, le confiere posibilidad de bloquearlas por lo que más tarde o más temprano acabarán siendo aprobadas. Si la duración media de la tramitación de una proposición de ley ronda los seis meses, dilatando al máximo el proceso este plazo podría crecer un 50 por ciento y superar los nueve meses. La intención de los populares es que el texto final se acerque a sus postulados.

Otras fórmulas

Para lograr esa dilación, el Ejecutivo puede realizar distintas maniobras. La primera es aplicar el veto por razones presupuestarias. Se trata de una potestad que le confieren tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso para frenar toda iniciativa que persiga aumentar el gasto o reducir los ingresos del Estado. En lo que va de legislatura Moncloa ha hecho uso de esta herramienta 16 veces sin que, hasta la fecha, haya conseguido echar atrás alguna de las proposiciones contra las que ha expresado su disconformidad al no controlar tampoco la Mesa del Congreso.

Iglesias denunció ayer que con el uso del veto resta competencias al Congreso. «¿No le parece que si este parlamento no puede tomar decisiones que afecten a los Presupuestos Generales del Estado, su capacidad legislativa, y por lo tanto su ejercicio de la soberanía, se ve comprometido y limitado?». Rajoy le había recordado en el interior del hemiciclo en qué consiste el principio de la separación de poderes y que el cometido del Gobierno «es gobernar» protegiendo el cumplimiento de lo ingresos y gastos presupuestados. «Eso es democracia, se trata de respetar las competencias de todos, sinceramente creo que no es tan difícil», reclamó el jefe del Ejecutivo después de que Iglesias viniera a acusarle de mermar la capacidad legislativa del Congreso al hacer uso del veto.

Pero incluso si la proposición no afecta a las Cuentas del Estado, el Gobierno puede dilatar hasta treinta días su contestación al Parlamento, y ninguna iniciativa legislativa puede llegar al Pleno sin que Moncloa haya informado de la misma. Una vez aprobada su toma en consideración por el Congreso los populares pueden presentar enmiendas de totalidad para forzar un debate en el Pleno, y alargar tanto el periodo de presentación de enmiendas como el informe de la ponencia, solicitando varias prórrogas de plazo. Por último, le resta la baza del Senado donde el PP tiene mayoría absoluta y puede vetar cualquier iniciativa del Congreso durante dos meses.