El PP no quiere asumir en soledad una aplicación del 155

El Gobierno mantiene abiertos todos los escenarios para responder al desafío independentista en Cataluña, sin descartar la aplicación del artículo 155 de la Constitución como vía para restituir la ley en la Comunidad Autónoma catalana. Sin embargo, el PP reconoce que esta opción, que se reservan como carta definitiva ante la rebeldía de la Generalitat, supone un riesgo político y social que no quieren pagar en solitario. Por eso, en la dirección nacional del PP aseguran que aunque les basta la fuerza de su mayoría absoluta en el Senado para activar este artículo constitucional, buscarán el apoyo del PSOE y de Ciudadanos llegado el momento. «Lo que no vamos a hacer es asumir en solitario el coste de un 155», admite un cargo de la ejecutiva de Génova , donde lamentan que hasta Pedro Sánchez y Albert Rivera hayan «demonizado» un recurso «legítimo».

Los dos socios constitucionalistas han pedido a Rajoy que actúe con firmeza pero con "proporcionalidad", dos principios que marcan la estrategia del presidente. Pero vista la gravedad del desafío, y tras haber llegado a desaconsejar el 155, en los últimos días han modulado su respuesta. E n privado se limitan a recordar que la iniciativa, en su caso, es del Gobierno, y que ellos apoyarán su respuesta en defensa de la legalidad .

Sobre este extremo de recurrir al 155 y suspender competencias de la Generalitat, fuentes del Gobierno admitieron que esa posibilidad está perfectamente estudiada y analizada y podría tardarse apenas cinco días en activarse. "Técnicamente hay tiempo, por supuesto que lo hay", subrayaron desde La Moncloa.

Mientras, la Abogacía del Estado sigue estudiando los pasos que dan los secesionistas y ayer analizaba el envío de un exhorto a la Generalitat para que el Gobierno catalán publique la suspensión del referéndum que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, según fuentes del Ejecutivo.

Por otra parte, la Intervención de la Generalitat afirmó ayer al Ministerio de Hacienda que "no conoce el origen de los recursos" destinados por el gobierno catalán para la página web y la elaboración del vídeo que llama a votar el 1 de octubre. Hacienda exigió hace días a la Generalitat que le aclarara de dónde procede el dinero para sufragar unos costes ilegales. Pero la Intervención, el órgano que se encarga de fiscalizar la administración catalana, reconoce que se le ocultan datos. Cristóbal Montoro avisó de que, si el origen de los fondos es particular, actuará contra él.

Al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, advirtió de que el Gobierno impedirá que la Generalitat "pervierta" los centros de salud y los utilice para poder votar.