España

El PP se suma a los acusados y pide anular el juicio de Gürtel

El abogado del partido, juzgado como responsable civil, asegura que no sabe de qué actos se ha beneficiado el PP

Vídeo: El PP pide la nulidad de todo el caso Gürtel por indefensión - ATLAS

El Partido Popular ha pedido que se anule el primer gran juicio a la trama Gürtel, como numerosos acusados en la vista, por la ilegalidad de las grabaciones del delator que destaparon el caso y por las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón, por las que fue inhabilitado. El abogado de la formación política, juzgada por haberse podido lucrar sin conocer el origen delictivo del dinero (es decir, como responsable civil, no como acusado, algo que ha recordado el letrado Jesús Santos), ha alegado que tales razones vician el proceso.

Según el letrado del PP, la formación política no debería estar en la causa, ni siquiera como responsable civil: esa condición, según su alegato, debería recaer en los grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, del PP, que fueron los que según la Fiscalía se beneficiaron de los actos financiados por la trama corrupta Gürtel.

El PP también ha cuestionado el relato de hechos del Ministerio Público, del que ha denunciado su inexactitud. «No sabemos ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni dónde», ha reflexionado en voz alto el abogado, que ha insistido en que la Fiscalía no ha detallado cuáles son los supuestos actos electorales y eventos de los que se benefició el Partido Popular, sufragados según la acusación por la trama. Esta falta de detalle les ha generado «plena indefensión», ha añadido.

En su intervención en la segunda sesión del juicio, prevista para las cuestiones de forma previas a los interrogatorios, el partido también ha explicado que su inclusión en el caso se produjo en el acto del procesamiento, sin poder defenderse en toda la instrucción anterior.

El representante del PP ha recordado que el Tribunal Supremo condenó a Garzón por las escuchas que autorizó entre los acusados y sus abogados, un acto que fue calificado por el Alto Tribunal como «uno de los más graves atentados al estado de derecho en el derecho de defensa, que recuerda a los estados totalitarios» y ha expresado que, a pesar de anularse estas grabaciones, su conocimiento ha contaminado a los funcionarios de la Udef, a las fiscales y al juez instructor. Ha pedido a los tres jueces del tribunal que valoren cómo puede influir esto.

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