Podemos Baleares encubrió un «delito» en unas primarias de 2015 para no acabar «todos en los tribunales»

La Comisión de Garantías de Podemos Baleares habría propuesto en 2015 encubrir un presunto «delito» de un dirigente de la formación, quien al parecer estaba buscando «sistemas de obtener DNI's de personas» en el marco de las primarias que debían decidir quién sería el cabeza de lista en las elecciones al Consell de Mallorca en mayo de aquel año. Ese presunto encubrimiento se habría llevado a cabo para no acabar «todos en los tribunales». Así se lo desveló en julio de 2015 el entonces presidente de la Comisión de Garantías regional, Pasqual Ribot, a una dirigente expedientada, Carmen Azpelicueta, según ha avanzado este sábado Canal 4.

Hasta ahora, sólo se conocía una parte de las irregularidades que se cometieron en aquellas primarias celebradas para elegir la candidatura de Podemos al Consell de Mallorca.

El aspirante oficialista, Jesús Jurado, se impuso en dichas primarias por sólo 17 votos de diferencia —535 frente a 518— a la candidata del sector crítico, la citada Carmen Azpelicueta. Previamente, habían quedado fuera del recuento definitivo 328 sufragios, al haber detectado una empresa contratada por Podemos que 316 de todos esos votos habrían sido emitidos desde un único ordenador.

Ese supuesto fraude se atribuyó al entonces dirigente del partido Leonardo Ferreira, que optaba a ocupar una posición de salida en las listas del Parlamento balear y que negó esas presuntas irregularidades. Ferreira habría dicho que sólo quería ayudar a votar a conocidos. Aun así, fue forzado a abandonar Podemos. En ese contexto, Azpelicueta solicitó a la Comisión de Garantías regional que fuera anulado el proceso de primarias del Consell de Mallorca. Más en concreto, presentó un recurso en el que pedía un nuevo recuento. Dicha petición no sólo no fue aceptada por el citado órgano disciplinario, sino que además se optó por abrir un expediente a la propia Azpelicueta por su supuesta vinculación con el mencionado fraude, algo que finalmente no se pudo demostrar. En cualquier caso, a Azpelicueta se le anularon ocho votos procedentes de familiares suyos, que habrían emitido su sufragio a través del mismo ordenador.

Poco después de que se le hubiera abierto el expediente a Azpelicueta, tuvo lugar en julio de 2015 la conversación en la que el entonces presidente de la Comisión de Garantías regional le desveló a Azpelicueta cuál habría sido la actuación supuestamente fraudulenta de Ferreira que, a su juicio, no se podía hacer pública.

«Lo que estaba pasando era que Ferreira estaba buscando sistemas de obtener DNI's de personas. Puso un contador de DNI's en una página web, que detectamos y se la hicimos quitar enseguida. Después organizó una reunión en Muro —municipio mallorquín— para crear un círculo de inmigrantes allí. Todo esto nosotros lo íbamos informando a Madrid», explicaba Ribot a Azpelicueta hace un año y medio.

Azpelicueta le preguntó entonces a Ribot por qué, metafóricamente hablando, no le había cortado «la cabeza» a Ferreira. «Para parecer más plurales y transparentes y para no joder a la gente y tal», respondió Ribot. En esa misma línea, añadió: «Porque esto es un delito realmente. Ferreira estaría en la cárcel. Y esto fue lo primero que yo dije a todo el mundo desde el primer momento. Hay que llevar esto de forma tal que no acabemos todos en los tribunales».

La «legal» Montserrat Seijas

Según Ribot, la única persona que se habría opuesto a esta actuación supuestamente arbitraria de la Comisión de Garantías regional habría sido la diputada autonómica Montserrat Seijas: «Y Seijas no, y legal, y legal, y legal, y legal». Paradójicamente, Seijas y la presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, han sido expulsadas recientemente de Podemos por una presunta «vulneración del código ético» del partido en relación a otro asunto. Ambas diputadas, representantes del sector crítico, eran ya cuestionadas por Ribot en julio de 2015. «Seijas y toda esta tropa, lejos, y Xelo también, por supuesto», afirmó entonces.

Posteriormente, en noviembre del pasado año, Huertas y Seijas fueron suspendidas cautelarmente de militancia por haber amagado, en un chat interno, con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del militante Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. La Comisión de Garantías regional de la formación morada había sido la que había informado del caso al órgano equivalente estatal.

El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos y también del Grupo Parlamentario, a pesar de que finalmente las dos votaron a favor de los Presupuestos, al igual que sus ya excompañeros de partido. Ambas diputadas han venido reiterando que su expulsión sólo obedecería al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional y del secretario general, Alberto Jarabo, algo que éste niega.

Cabe recordar que la pasada semana se había filtrado ya a los medios la primera parte de la conversación mantenida hace un año y medio entre Ribot y Azpelicueta, en la que también participó el entonces secretario jurídico de la Comisión de Garantías regional, Joan Canyelles. A lo largo de la charla, Canyelles se comprometía a encontrarle un trabajo a Azpelicueta y a cerrar su expediente a cambio de su silencio y de su apoyo a la dirección, algo a lo que Azpelicueta pareció acceder.

En un momento de dicha conversación, Canyelles dio a entender que Jarabo conocía este caso concreto y que incluso habría dado su aprobación para el cierre del expediente de Azpelicueta a cambio de su silencio. Sin embargo, el secretario de Organización autonómico, Alejandro López, afirmó el jueves de la pasada semana que Canyelles habría actuado sólo a título personal, recalcando además que «Alberto Jarabo evidentemente no sabía nada de esto ni tiene nada que ver».

El poder de Podemos

Tras la dimisión de Canyelles el pasado 5 de enero, que supuso la disolución automática de la Comisión de Garantías regional, Azpelicueta fue suspendida cautelarmente, dos días después, de sus responsabilidades en el Consejo Ciudadano por parte de la dirección de Podemos Baleares. Además, ese mismo día los actuales dirigentes de la formación morada en el Archipiélago pidieron formalmente a la Comisión de Garantías estatal que iniciase una investigación para conocer los pormenores de este caso.

En el comunicado en donde la dirección de Podemos Baleares informaba de todas esas circunstancias, aclaraba que al estar ahora ya disuelta la Comisión de Garantías regional, no era posible formalmente la dimisión de Ribot, a quien en cualquier caso se le ha abierto también un expediente, junto con Canyelles y con Azpelicueta.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015, las principales instituciones de Baleares pasaron a estar gobernadas por tripartitos conformados por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos. En el caso del Consell de Mallorca, el presidente es ahora el econacionalista Miquel Ensenyat, mientras que Podemos ocupa la vicepresidencia con Jesús Jurado. Por lo que respecta a la portavocía de la formación morada en la institución insular, su titular es Aurora Ribot, hija del ya ex presidente de la Comisión de Garantías regional.