El expresidente de la Generalitat, Artur Mas - EFE

El patrimonio con el que se pagará el 9-N

Si Artur Mas y sus subordinados no entregan 5,25 millones pueden perder sus casas

MadridActualizado:

Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y cinco altos cargos de la Generalitat tienen menos de quince días para depositar 5,25 millones de euros invertidos en la consulta ilegal del 9-N de 2014. Si no lo hacen, el Tribunal de Cuentas ordenará el embargo de sus bienes a la espera del juicio contable. Responderán con sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias.

De momento disponen de alrededor de dos millones de euros recaudados en la «caja de solidaridad» de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asociaciones que trabajan para el referéndum ilegal del próximo domingo. Si no consiguen otros 3,3 millones de euros, los políticos denunciados ante el Tribunal de Cuentas responderán con su patrimonio y de forma solidaria, es decir, quien tenga suficientes bienes deberá cubrir lo que no aporte el resto.

Con este panorama, el expresidente Artur Mas puede ver embargado su señorial piso de Barcelona. Se trata de un inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en la calle Tuset, entre la la Avenida Diagonal y la Travesía de Gracia. El piso, un octavo, cuenta con dos entradas -la principal y la de servicio-, y cuatro dormitorios, sin contar el de servicio. Mas lo adquirió en 1991, cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona.

Declaraciones de bienes

En 2013, el entonces «president» hizo una declaración de bienes que cifraba su patrimonio en 470.000 euros. Esta cantidad incluía la citada vivienda, pero no a su valor real de mercado, sino el de compra o el catastral, mucho más bajo, pues ascendía a solo 180.000 euros.

También dijo disponer de 45.000 euros en el banco; 37.278 en acciones; un plan de pensiones con 149.000 euros; y otros valores y deuda pública de la Generalitat que sumaban 58.000 euros.

El Tribunal de Cuentas ha considerado que Artur Mas, como máxima autoridad de la Generalitat durante los preparativos del 9-N, es responsable de las nueve partidas de gastos irregulares detectados, junto a otros responsables de la consulta. La cantidad exacta que el órgano fiscalizador del Estado le reclama es de 2,1 millones de euros, una cifra superior a su patrimonio declarado.

El expresidente catalán veranea en una casa del elitista municipio menorquín de Fornells, pero está a nombre de su esposa, Helena Rakosnik, según datos oficiales del Registro de la Propiedad.

Por su parte, Joana Ortega arriesga un piso de 167 metros cuadrados en la barcelonesa calle París (es propietaria del 50 por ciento de la vivienda). Adquiró el inmueble en 1996 y figura hipotecado. En cuanto a su actividad económica, la exvicepresidenta es socia de una consultora que asesora en materia de transparencia a entidades públicas, denominada E&T Consulting. También tiene o ha tenido intereses en una tienda de ropa y un restaurante en la calle Aribau.

Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, podría responder a las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas con la casa que posee, al 50 por ciento, en Taradell, en la provincia de Barcelona. La vivienda dispone de 317 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 550. Tiene una hipoteca con un capital pendiene que ascendía a 77.000 euros, según la declaración de bienes que presentó en el Congreso de los diputados a principios de 2016.

Irene Rigau, consejera de Enseñanza que habilitó colegios para el 9-N tiene a su nombre cuatro inmuebles de un valor económico discreto: una terraza-solarium de 20 metros cuadrados, una plaza de garaje, una pequeña porción de un solar y un tercio de una vivienda heredada.