Emiliano García Page, ayer en las Cortes
Emiliano García Page, ayer en las Cortes - EFE

Page llevó al Consejo Consultivo el decreto de altos cargos del que ahora reniega

Los juristas advirtieron al Gobierno de que el texto podía incurrir en irregularidades, como un exceso competencial

MadridActualizado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no negó ayer en sede parlamentaria la existencia del decreto con el que pretendía regular el régimen jurídico del personal directivo de su Administración. Sí dijo, tras la publicación de las claves del borrador normativo por parte de ABC, que ese texto no se aprobará, pese a que su redacción se encargó a la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas hace meses. Además, el Ejecutivo remitió dicho texto al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, un órgano cuya función es velar por la legalidad de las decisiones administrativas, que lo evaluó y devolvió. En sus conclusiones, este órgano de expertos en Derecho advirtió al Gobierno liderado por el PSOE y del que forma parte Podemos, que uno de sus artículos podía llegar a incurrir en un «exceso competencial».

Se trata del artículo 20, el más conflictivo. En él se puede leer, en su artículo primero lo siguiente: «Al personal directivo profesional le es aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal funcionario de carrera». Es decir, aquellos directivos no funcionarios, entre otros, elegidos de forma «excepcional», tendrían los mismos derechos que quienes han desarrollado su carrera en la administración pública después de superar una oposición.

Tras examinarlo, el Consejo Consultivo resolvió que, pese a que se trata de una transcripción de una legislación marco, dicho precepto «puede incurrir en exceso competencial en lo que se refiere al personal laboral». A continuación, el organismo recuerda al Gobierno regional que «Castilla-La Mancha carece de competencia normativa en materia laboral». Además, los juristas realizaron otra consideración que el Ejecutivo debería resolver para evitar problemas legales. Se refería al artículo 19, que regula el cese del personal directivo profesional y que, en su redacción inicial y a criterio de los expertos, «no se ajustó» a las prescripción de la legislación de aplicación. Pese a ello, este órgano constitucional autorizó a elevar al Consejo de Gobierno este decreto, siempre que se atendiera a las modificaciones propuestas.

El paso por el Consejo Consultivo es preceptivo, es decir, obligatorio para las leyes que así lo establecen y facultativo en el resto de los casos. Sus decisiones no son vinculantes, por lo que el Ejecutivo de turno no tiene por qué respetar sus decisiones. Pero con la remisión de este expediente a la institución, garante de que la Administración se ciñe a la Constitución, se demuestra el interés que despertó en su día el decreto para el Gobierno de Page.

Acta sin firmar

Fuentes del Gobierno regional defendieron a ABC que este decreto, si bien existe, no continuará su tramitación. Según estas fuentes, la comisión de secretarios generales decidió, el 18 de enero y a propuesta del secretario general de Hacienda y Administraciones Públicas -consejería que redactó el decreto-, frenar la propuesta. Desde dicho Ejecutivo remitieron el acta de esa reunión que, sin embargo, no presenta ninguna firma, ni la del presidente del encuentro, como es habitual en estos casos. Las mismas fuentes restan importancia a este hecho y dicen que las firmas aparecerán en el acta de la siguiente reunión, cuando se da el visto bueno al encuentro anterior. Por esta misma razón sorprende que, pese a que en el acta del día 18 se aprueba la reunión de la comisión de Secretarios Generales del 11 de enero, no hay ninguna firma ni sello oficial que lo verifique.

En el análisis de los documentos también se vislumbra el cambio de opinión protagonizado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en el caso. Como queda reflejado en el informe del Consejo Consultivo, en el expediente del decreto se incluyó un «informe favorable» de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas.