Odebrecht usó a una empresa española para ocultar nueve millones de euros en sobornos en Colombia
El dueño de la sociedad dice a ABC que Odebrecht los usó «como a unos pringados» y falsificaron su firma
La constructora brasileña Odebrecht, que ha reconocido más de 600 millones de euros en sobornos a políticos de una docena de países , utilizó a una empresa española para enmascarar pagos ilegales de al menos 10,9 millones de dólares (casi nueve millones de euros). Se trata de la sociedad madrileña Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. Esta mercantil aparece en un contrato suscrito con Constructora Norberto Odebrecht S.A. el 7 de julio de 2009 en Bogotá (Colombia), según documentación desvelada por el canal estadounidense Univisión.
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El administrador único de la empresa española, José Díaz Vecino, ha asegurado a ABC que el contrato es falso y que Odebrecht los usó «como a unos pringados». Reconoce una relación contractual pero para «otros trabajos» de los que no recuerda ningún detalle. « No sé ni si nos pagaron», asevera Díaz Vecino . El contrato relata que Odebrecht iba a concursar en la licitación de más de mil kilómetros de carreteras en Colombia, entre Bogotá y El Caribe.
Obras multimillonarias
La constructora aspiraba a conseguir el tramo 2 de la denominada Ruta del Sol, «con un valor estimado de más de mil millones de dólares». La empresa española tenía que prestar sus «servicios de Asistencia Técnica de ingeniería, análisis de riesgos, estudios de tráfico, presupuesto, el modelo económico financiero de la concesionaria y del Consorcio EPC y, si fuera el caso, en el proceso de negociación del contrato con el INCO» (Instituto Nacional de Concesiones). Si lograban la adjudicación, la mercantil española recibiría una comisión del 0.9% de las obras, un mínimo de nueve millones de dólares.
Odebrecht logró el contrato y generó una carta de pago a favor a favor de la empresa madrileña que finalmente ascendió a 10.890.000 dólares. La sociedad de de José Díaz Vecino no estaba capacitada para un contrato de tal envergadura en Colombia , ya que ni siquiera presenta cuentas en el Registro Mercantil de Madrid (la última vez que lo hizo fue en 2006) y su actividad era muy modesta.
«No es mi firma»
Su administrador reconoce el contrato pero asegura que no cobraron esas cantidades, sino «una parte pequeña que no recuerdo y que no estoy del todo seguro de haberla cobrado». No reclamaron el resto. En una segunda entrevista, tras revisar el contrato, José Díaz Vecino sostiene que el encargo de Odebrecht fue «otro» y que el desvelado «es una broma» . Mantiene que «esa firma se parece un poco a la mía pero no es». «Lo que yo firmé fue una asistencia técnica de cuatro duros» y nadie viajó a Colombia para realizarla. Concluye que «puede ser que nos copiaran las firmas».
El empresario solo recuerda que «hacíamos cosas para empresas españolas que trabajan en Latinoamérica y nos llamó Odebrecht, la mejor constructora del mundo, y eso podía ser un arranque muy bueno para nosotros». Díaz Vecino no recuerda quién le llamó de Odebrecht ni con quién trataron durante los trabajos . Los estudios realizados tampoco los conserva porque «los perdimos por un virus informático», añade.
El exdirector de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Bueno, confesó haber pagado en 2010, 6,5 millones de dólares al entonces viceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García Morales , a cambio de la adjudicación de la carretera. Todo apunta a que usaron el contrato y la carta de pago a la empresa española para traspasar esas cantidades de la contabilidad oficial de Odebrecht a la llamada «caja 2», el fondo que usaban para los sobornos, manejado por el ejecutivo Marcos Grillo. Ambos pactaron y se declararon culpables de corrupción en el proceso abierto en Brasil.
El contrato instrumentalizado llevaba también la firma de un socio de José Díaz Vecino, el arquitecto Juan Lago-Novás . Según el diario «El País», este arquitecto abrió una cuenta a su nombre en la Banca Privada de Andorra que fue usada por Odebrecht para el pago de 28 millones de euros en sobornos a políticos y funcionarios de Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil. Juan Lago-Novás recibió, presuntamente, 200.000 euros por prestar su nombre. El arquitecto ha declinado responder a ABC.
