España

Notifican a Puigdemont y Forcadell la decisión del TC que anuló su plan separatista

La Fiscalía ultima una querella contra la presidenta del Parlamento catalán por desobediencia y prevaricación

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont - EFE

Están formalmente avisados. Cuatro secretarios judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificaron ayer, en mano, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el auto de la semana pasada en el que el Tribunal Constitucional (TC) anuló parte de la hoja de ruta independentista.

Se repitió la «liturgia». Como el pasado noviembre, cuando se les notificó la suspensión de la resolución del 9-N. O el pasado agosto, con la que suspendía de las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Estudio del Proceso Constituyente.

Los secretarios judiciales acudieron a la cámara catalana y al Palau de la Generalitat para, tal y como establecía el TC, notificar personalmente la resolución a Forcadell, Puigdemont, los miembros de la Mesa del Parlament y los miembros del gobierno catalán.

En su auto, el TC declaraba la nulidad de la resolución del Parlament de 27 de julio de 2016 que ratificó las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que dibujan una hoja de ruta hacia la independencia de forma unilateral.

El TC ordenaba que se notificara personalmente a los afectados la «advertencia de abstenerse de realizar cualquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento» a la resolución aprobada por el Parlament el pasado julio, y de su «deber de paralizar cualquier iniciativa» que directa o indirectamente supusiera eludir su resolución. Asimismo, el auto del TC también incluye la decisión del tribunal de dejar en manos de la Fiscalía la decisión de denunciar a Forcadell por la vía penal.

Precisamente, la Fiscalía está a punto de presentar su querella contra Carme Forcadell, por dos delitos: desobediencia y prevaricación. Según ha podido saber ABC, la fiscal general, Consuelo Madrigal, está ultimando la querella con los fiscales de la Sala de lo Penal y en coordinación con los de la Fiscalía Superior de Cataluña, que son los que tendrán que elevarla al TSJC, pues Forcadell es aforada autonómica. Tras la presentación del escrito, el TSJC tendrá que pronunciarse primero sobre su admisión y, solo superado ese trámite, el juez la llamaría a declarar. Forcadell no se enfrenta a una pena de prisión, pero sí a su inhabilitación.

Las fuentes antes citadas explicaron que el Ministerio Público también ha estudiado la posibilidad de proceder contra contra otros cargos del Parlamento. El TC abrió esa puerta cuando en su auto del pasado jueves dedujo testimonio contra Forcadell y «cualesquiera otras personas, por incumplir» las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en principio todo apunta a que la querella solo se dirigirá contra ella.

Incumplió su deber

El texto recordará que a pesar de las advertencias contenidas en anteriores resoluciones del TC, la presidenta accedió a someter al Pleno la votación de la propuesta hecha por dos grupos parlamentarios de modificar el orden del día e incluir un nuevo punto para la votación de la ratificación del informe y conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente. Forcadell incumplió así su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a ignorar o eludir los mandatos del TC. De ese deber ya le había advertido de manera expresa el TC: «En su calidad de Presidenta del Parlamento y bajo su responsabilidad».

En su resolución, el órgano de garantías ya advirtió de que la actuación de la Presidenta del Parlamento no «venía obligada por un cumplimiento escrupuloso del Reglamento», tal y como alegó Forcadell ante el Tribunal. «Las disposiciones reglamentarias de las Cámaras no pueden contradecir el imperio de la Constitución como norma suprema, ni ser interpretadas de forma que entren en contradicción con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional».

La Mesa pudo haber decidido no tramitar esa propuesta parlamentaria «por contravenir pronunciamientos» contenidos en las resoluciones del Tribunal. Y no lo hizo.

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