España

ETA ya no mata pero sigue el acoso

Los agentes deben mantener las mismas medidas de autoprotección que cuando se producían asesinatos

Amigos de los agresores de dos agentes de la Guardia Civil y de sus parejas piden que les absuelvan y se archive el caso
Amigos de los agresores de dos agentes de la Guardia Civil y de sus parejas piden que les absuelvan y se archive el caso - EFE

Ayer mismo en las redes sociales una persona sugirió una encuesta: «¿A qué van un sargento y un teniente de la Guardia Civil a las cinco de la mañana a un bar de Altsasu (Alsasua en euskera)?». Esta simple pregunta da una imagen de la situación que se vive en algunas localidades del País Vasco y de Navarra. Algunas personas, en su mayoría agentes de los distintos cuerpos policiales, no tienen derecho a acudir a los lugares libremente. En muchos casos tampoco tienen libertad para caminar por la calle tranquilamente. Reciben insultos, amenazas o simplemente no les dirigen la palabra.

Aunque el jueves se cumplirán cinco años desde que ETA anunció el abandono de las armas -eso sí, en sus propios zulos que ellos controlan-, la presión social sigue siendo muy importante en algunos lugares. El rechazo a los agentes en estas poblaciones no es mayoritario, pero sí lo suficientemente importante para que se den sucesos como el acaecido el pasado sábado en Alsasua.

El mismo alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de Geroa Bai, está sufriendo este año la presión de los radicales por sus esfuerzos para limpiar las calles de las pintadas proetarras. En el caso de los agentes, esta presión se multiplica. El pasado sábado los sindicatos de la Guardia Civil, AUGC, y de la Policía Foral, SPF, recordaron en un comunicado conjunto que «hechos como el sucedido desgraciadamente no son casuales». Denuncian que en Alsasua se realizan parodias ridiculizando a la Guardia Civil y a la Policía Foral, así como pintadas y otras actividades «con el objetivo de atacarles y amedrentarles».

Desde el Sindicato Unificado de la Policía recuerdan que el acoso «ya no se materializa con asesinatos, pero sí a través de la conflictividad social imperante». A modo de ejemplo, recuerdan que los agentes no pueden decir a sus hijos en qué trabajan cuando son pequeños para que no lo digan en la escuela. «Y cuando son mayores les recordamos que no conviene decirlo, para que no se difunda el oficio de sus padres».

En el peor de los casos, aun con medidas de protección, pueden ser identificados y suceder hechos como los del pasado sábado. Es común entre los radicales la expresión de «Iros a España». Pero el problema que tienen los abertzales no es con la procedencia, sino con el trabajo. De hecho, una de las jóvenes agredidas el pasado sábado es oriunda de la propia Alsasua. Pero cometió el «delito» de enamorarse de un guardia civil.

Los problemas que sufren los agentes se refleja también en algo tan sencillo como el alquiler de la vivienda. «No puede alquilar un piso a cualquier casero ni pedir una hipoteca en cualquier banco puesto que su nómina y sus datos personales son su bien de protección más preciado».

Estos problemas no son específicos de localidades radicalizadas, como Alsasua, Leiza o Vera de Bidasoa, aunque en estos casos se agudiza por el menor tamaño de las poblaciones. También en ciudades como Pamplona hay barrios donde los abertzales campan a sus anchas, especialmente en el casco antiguo de la capital navarra. Y en algunas localidades aledañas como Villava o Burlada.

En estas circunstancias, desde el Sindicato de Policía Nacional y desde la Policía Foral se reclaman más medios. La comisaría de Alsasua, con poco más de veinte agentes, es la más pequeña pero su campo de actuación es muy amplia. Aún así, los cuerpos policiales aseguran que «no olvidaremos los más de 300 asesinatos de ETA que quedan por esclarecer, ni el dolor de esas familias aunque otros quieran borrarlo todo de un plumazo».

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