Munar evita su tercera condena de cárcel tras su primer pacto con Anticorrupción

La excúpula de la extinta Unió Mallorquina (UM), incluida Maria Antònia Munar, se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Palma, en el juicio por la pieza separada número 13 del caso Voltor. En esta causa se investigaba originariamente la supuesta malversación de fondos públicos en la legislatura 2007-2011 en un organismo que dependía de la Consejería de Turismo del Gobierno balear.

Posteriormente, este caso tuvo diferentes ramificaciones, entre ellas la que se ha juzgado hoy, relativa al presunto desvío de 436.000 euros desde el Consell de Mallorca hacia el partido nacionalista. Este lunes inicialmente se han sentado 18 personas en el banquillo, si bien la vista oral sólo ha continuado con 11 de ellas, ya que a las otras siete se les ha retirado la acusación.

El acuerdo alcanzado días atras con Anticorrupción supondrá que ninguno de los acusados deba ingresar finalmente en prisión. Sólo deberán abonar una multa proporcional a sus responsabilidades en este caso.

10.800 euros de sanción a Munar

Las investigaciones realizadas en estos últimos años por el fiscal Miguel Ángel Subirán habían determinado que, a instancias de la antigua cúpula de UM, el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) habría contratado de manera irregular a 34 militantes para la realización de tres proyectos informáticos. Cilma era una entidad que dependía del Consell de Mallorca. Según Subirán, los citados afiliados no llegaron a asistir nunca a su puesto de trabajo, sino que se dedicaron a realizar labores de partido, por ejemplo intentando captar votos para UM. Estos hechos tuvieron lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la última en que Munar presidió la institución insular.

Entre los acusados por esta pieza separada del caso Voltor se encontraban, además de Munar, exdirigentes de UM como Miquel Nadal o Francesc Buils. Actualmente, los tres se encuentran en la cárcel por condenas previas. Subirán pedía inicialmente ocho años de prisión para Munar y siete años y medio para los principales acusados. Sin embargo, días atrás todas las partes llegaron, tras meses de negociaciones, a un acuerdo de conformidad. De este modo, se estableció que la cantidad realmente malversada fue de 200.000 euros, que han sido ya reintegrados proporcionalmente por dichos acusados. Además, los años de prisión solicitados en un principio han quedado reducidos finalmente a nueve meses de cárcel, que serán sustituidos por una multa. En el caso de Munar, la sanción ascenderá finalmente a 10.800 euros. La exlíder nacionalista ha reconocido este lunes ante el tribunal que cometió un delito de malversación y otro de prevaricación.

Algunos acusados habían llegado ya a algún tipo de pacto con la Fiscalía en otros procesos judiciales. Sin embargo, para Munar este ha sido el primer acuerdo que suscribe con Anticorrupción, al que previsiblemente seguirán otros en relación a las causas que la exlíder nacionalista aún tiene pendientes con la justicia. En la actualidad, Munar está cumpliendo dos condenas de cárcel que suman en total once años y medio de prisión.

UM deja de ser una «organización criminal»

El citado acuerdo de conformidad ha supuesto que la Fiscalía sólo mantuviera finalmente los delitos de desvío de fondos públicos y prevaricación, retirando los de tráfico de influencias y asociación ilícita. Con respecto a este último delito, cabe recordar que en su momento Anticorrupción había atribuido a la cúpula de UM el carácter de «organización criminal», que se habría creado para «cometer delitos a costa del erario público de forma estable, coordinada y concertada de antemano». La máxima responsable o «presidenta» de dicho grupo habría sido Munar.

En apenas cinco días, Munar ha salido en dos ocasiones del centro penitenciario de Palma. El pasado jueves había comparecido ya, en calidad de investigada, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma para declarar en relación al denominado caso Minser. En dicho caso se investigaban originariamente tres contratos suscritos en 2006 de forma presuntamente irregular entre el Consell de Mallorca y la empresa del mismo nombre. Antes de su comparecencia ante el magistrado, Munar, visiblemente desmejorada, se había limitado a afirmar a preguntas de los medios: «Estoy viva. He tenido tiempos mejores».

En la cárcel desde 2013

Munar respondió ante el juez por la firma de dos de los tres contratos suscritos con Minser, que ascendieron a un importe global de 60.000 euros. Esta empresa, próxima a UM, debía realizar un estudio sobre las señales de las carreteras de Mallorca y otro sobre los hábitos de lectura de los jóvenes de la isla. Ambos trabajos se entregaron al Consell, pero la información había sido copiada previamente de internet. Munar reconoció el jueves ante el magistrado que, por la información de que dispone ahora, los dos contratos habían sido amañados. Aun así, se desvinculó por completo del proceso de adjudicación. Al parecer, Minser contrató además en su momento a afiliados de la formación nacionalista, que no llegaron a cobrar su nómina, por lo que Anticorrupción cree que el dinero de esos trabajadores se habría desviado hacia el partido.

La expresidenta de UM ingresó en prisión el 24 de julio de 2013, un día después de haber sido condenada por la Audiencia Provincial de Palma a seis años de cárcel por los delitos de fraude y revelación de secretos en el marco del «caso Can Domenge», en el que se investigaba la supuesta venta irregular de los terrenos del mismo nombre, ubicados en la capital balear. Dicha resolución fue recurrida por Munar ante el Tribunal Supremo, pero en mayo de 2014 el Alto Tribunal confirmó la sentencia inicial de la Audiencia de Palma. Con anterioridad, en octubre de 2013, el Alto Tribunal había condenado a Munar a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el marco de otra causa, el llamado «caso Maquillaje», en el que se investigaba un presunto desvío de fondos públicos por parte del Consell de Mallorca a una productora. La sentencia originaria, que fue la que confirmó el Supremo, había sido dictada en julio de 2012 por la Audiencia Provincial de Palma.