Una ambulancia ante la cárcel de Quatre Camins el 29 de mayo de 2002
Una ambulancia ante la cárcel de Quatre Camins el 29 de mayo de 2002 - EFE

El motín de Quatre Camins: cronología de un caso que estuvo 16 años atascado en los juzgados

La lentitud judicial, clave para absolver a 23 presos y rebajar las penas a otros 16 reos

BarcelonaActualizado:

Tenía 31 años cuando participó en aquel motín. Cumplía condena en la prisión catalana de Quatre Camins y aquella noche del 29 de mayo de 2002 se unió a una revuelta carcelaria para reclamar mejoras en la situación de los presos. Al salir de prisión rehízo su vida. Se casó con María -nombre ficticio-, tuvieron dos hijos y montaron un negocio. Cuando los Mossos d’Esquadra lo detuvieron hace unos meses mientras disfrutaba con su familia en un camping, aquel motín en el que había estado envuelto 16 años antes era ya historia. Los agentes se lo llevaron esposado de madrugada. Lo condujeron a comisaría y horas después lo dejaron libre, notificándole su procesamiento por aquella revuelta. Su mujer, con quien se había casado cuando todavía estaba en prisión pero en semilibertad -sólo dormía en el centro penitenciario- veía como los agentes esposaban a su marido a la salida del camping sin saber nada de aquel lejano episodio carcelario del que él nunca le había hablado.

El marido de María es uno de los 47 presos que ayer debían sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por aquella revuelta. Eran 56 los investigados pero uno fue declarado incapaz y otros ocho murieron durante estos años. El inicio de la vista se retrasó, pues los abogados de las defensas se afanaron en la búsqueda de un pacto con la Fiscalía y la Generalitat para evitar el juicio. Lo consiguieron. Los 16 años transcurridos entre el motín y el juicio han sido claves en la sentencia, suscrita por todas las partes: 23 presos fueron absueltos por haber prescrito sus delitos y 16 aceptaron condenas entre un año y 15 meses de cárcel, por los delitos de atentado, lesiones y daños. Se aplicó el atenunante de dilaciones indebidas. Además, el juez aceptó suspender el cumplimiento de la pena, si no delinquen en dos años, se mantienen localizados, pagan multas de 270 euros y las indemnizaciones correspondientes: 15.879 euros entre todos por los destrozos en la cárcel, 900 por lesiones causadas a un agente y 149 por lesiones a un funcionario de la prisión.

Pese a que el encargado del caso es el juez de lo penal número 1 de Granollers -la cárcel está ubicada en La Roca del Vallès-, el juicio se trasladó al auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona por razones de espacio y seguridad. Tal y como adelantó hace unas semanas ABC, la Sala de Gobierno del TSJC vio razonable la petición del juez de trasladar la vista debido al «número de acusados y a las características que deben tener las instalaciones donde el mismo se celebre con todas las garantías». Los Mossos blindaron el auditorio del edificio para la ocasión. Una treintena de agentes, buena parte de ellos antidisturbios, estuvieron en la sala durante la breve vista en la que las partes confirmaron el pacto. Diecinueve de los acusados, además, están aún cumpliendo penas de prisión, con lo que los Mossos tuvieron que trasladarlos desde los centros.

Sucedió la noche del 29 de mayo de 2002. Cuando sonó la sirena para que volvieran a sus celdas tras la cena, empezó el motín. La tensión fue «in crescendo», se armaron con palos, piedras y hierros y agredieron a algunos funcionarios. La violencia obligó a intervenir a los Mossos. Varios presos subieron al tejado para eludir a los agentes. Entre los que subieron al tejado estaba el marido de María. Fue, finalmente, para tranquilidad de su esposa, uno de los 23 presos absueltos.

Cronología de un caso que se atascó en los juzgados durante casi 16 años

La revuelta

29 de mayo de 2002.

Los presos pertrechan el motín que llevaban días maquinando. Se niegan a volver a sus celdas de cenar y comienzan a agredir a los funcionarios.

Clasificación fiscal

5 de octubre de 2007.

El fiscal presenta su escrito de acusación en el que reclama penas de cinco años de cárcel para un total de 56 acusados del motín carcelario.

Pacto y sentencia

7 de mayo de 2018.

Las defensas llegan a un acuerdo con la Fiscalía y el abogado de la Generalalitat para aceptar los hechos y conseguir penas mínimas para los reclusos.

Final del juicio

16 de mayo de 2018.

Estaba previsto que la vista se alargase durante diez sesiones hasta el 18 de mayo pero no será necesario. Con el pacto de ayer, la sentencia ya es firme.