Maite Carol, la técnica que no cedió a la corrupción de Pretoria, sufrió «presiones» del exregidor del PSC

Maite Carol, la exinterventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet que no cedió a la corrupción en el caso Pretoria, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que recibió presiones del entorno del exalcalde del PSC Bartolomeu Muñoz, enjuiciado en la trama, para que informara positivamente sobre distintas modificaciones en los usos del suelo público mucipal, llegándole a poner «el bolígrafo en la mano» para que ratificase los proyectos urbanísticos.

En concreto, señaló que le advirtieron de que si no autorizaba la modificación de unos contratos de urbanización relativos a la operación Pallaresa, «no la querían volver a ver por el Ayuntamiento». Según la Fiscalía, el consistorio vendió tres parcelas de 13.000 metros cuadrados en una operativa que no le reportó a las arcas públicas ningún beneficio pero sí a la sociedad adjudicataria del proyecto, la mercantil Centre Comercial Gramenet, a su vez integrada por una sociedad titularidad del considerado como cerebro de la trama, el ex diputado autonómico del PSC Luis García, alias «Luigi», que habría resultado beneficiaria de unas plusvalías valoradas en 18 millones de euros.

Durante su comparecencia, la exinterventora manifestó que fue el secretario general del Ayuntamiento, Javier Ezquiaga, el que ejerció la presión contra ella por orden del exregidor, con el que mantenía una «relación complicada». No en vano, en el sumario constan algunos de los insultos que este le dirigió en una conversación telefónica mantenida con «Luigi». «Hay que echarla. ¿Quién coño se cree que es esta puta interventora?», decían.

«Solicité un informe para conocer el precio del suelo y saber así si el ayuntamiento salía perjudicado por el cambio en la operación, pues tenía esa sensación», declaró la economista. Sin embargo, cuando se lo pidió a los responsables municipales le dijeron que «los servicios estaban colapsados», por lo que en lugar de realizarlo un técnico del consistorio tendría que proceder a través de uno externo. «Entonces quedaban dos o tres días para la aprobación del proyecto», explicó.

No contenta con eso, se dirigió al director del departamento de vivienda y suelo, que le remitió el informe en 24 horas, aunque sin firmar. En el mismo comprobó cómo el «valor había pasado de 10,5 a 30 millones y medio de euros» desde el año 2001 hasta el 2009.

Cuando comunicó las irregularidades a los responsables municipales «rompieron el informe y me dijeron por qué lo había pedido», señaló. «La mayoría de licitaciones las llevaba Gramepark –empresa pública- en virtud de un convenio que establecía que las obras podían realizarse directamente por ella sin necesidad de una previa adjudicación por el Ayuntamiento, pero cuando yo emitía informes de presupuestos negativos, el consistorio los echaban para atrás».

De este modo, Carol puso de manifiesto que el propósito del ayuntamiento era ocultarle parte de la información para que emitiera su valoración cuanto antes, sin que reflexionase sobre el coste económico de las modificaciones en los usos del suelo público.