La ley electoral frenará la candidatura de Otegi a lendakari

Adolfo Araiz, el portavoz de EH Bildu, tilda de «fuegos de artificios» las advertencias del Gobierno sobre la imposibilidad de que Arnaldo Otegi sea candidato a lehendakari. La izquierda abertzale se aferra al histórico dirigente de Batasuna para intentar frenar el avance de Podemos en las elecciones vascas, previstas para el próximo otoño. Pero Otegi, condenado en 2011 por pertenencia a la organización terrorista está inhabilitado para cualquier cargo público. Esos «fuegos de artificio» (en palabras de Araiz) que le impiden ser candidato a cualquier cargo elegido por los ciudadanos son los tribunales y las leyes, tanto penales como electorales.

En 2011, la Audiencia Nacional concluyó que Otegi cumplía órdenes de ETA al tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna.

El líder abertzale, que salió de la cárcel de Logroño el pasado 1 de marzo tras cumplir seis años y medio, fue condenado por pertenencia a la organización terrorista. Además de la pena de prisión (que el Tribunal Supremo rebajó de diez años a seis y medio), ya cumplida, el batasuno fue condenado a la inhabilitación especial para empleo o cargo público y a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Todo ello impide su candidatura.

Los abogados del dirigente abertzale alegaron en un recurso que la Audiencia Nacional no había especificado para qué cargos públicos está inhabilitado, como exigen la ley y el Tribunal Supremo, que emitió una aclaración sobre este asunto el 15 de julio. Los letrados del abertzale citan el ejemplo de Iker Casanova, un parlamentario vasco que fue condenado por pertenencia a ETA, en cuyo caso la inhabilitación era una pena accesoria. El artículo 42 del Código Penal obliga a que se concreten los cargos a los que afecta la inhabilitación, aunque sea en una especificación relativa, no un listado exhaustivo.

El tribunal, sin embargo, rechazó en un auto del 18 de enero de este año el recurso de Otegi sin entrar al fondo del asunto: la sentencia que le inhabilitaba era firme ya, pues llevaba tiempo vigente y no fue recurrida en su momento. Y liquidó la condena de inhabilitación y marcó una fecha: Otegi no podrá ser cargo público hasta el 28 de febrero de 2021. Muy lejos de estos comicios: faltan más de 4 años. Tras esta decisión, los abogados del dirigente abertzale renunciaron a recurrir ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para lo que tenían un plazo de cinco días. La decisión se convirtió por tanto en firme.

Además, la Audiencia Nacional también condenó a Otegi a la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Esto significa que, más allá de la otra condena, el líder abertzale no puede ser elegido por los ciudadanos en ningún proceso electoral. Esta condena también se fijó para un periodo de seis años y medio, con lo que afecta a los próximos comicios.

Hay otra barrera. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, con independencia de que la pena estuviera bien o mal individualizada, hay un efecto administrativo-electoral unido al simple hecho de tener una condena a la pena de inhabilitación absoluta, especial o suspensión para empleo o cargo público, por la ley electoral.

El artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es el principal escudo que impedirá a Otegi presentarse a lehendakari por Bildu: esta norma considera «inelegibles» a estos condenados sin importar las consecuencias penales.

La Junta Electoral Central, por lo tanto, no podrá aceptar su candidatura. Será el Registro Central de Penados y Rebeldes quien comunicará a la Oficina del Censo Electoral la situación en la que está Otegi. Una situacion de la que es muy consciente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien ya anunció en páginas de ABC que el Ministerio Público vigilará los acontecimientos. La Fiscalía General del Estado hará llegar las sentencias que inhabilitan a Otegi a la Junta Electoral y, en el caso poco probable de que acepten su candidatura, interpondrá los recursos pertinentes.