Jóvenes paseando por Gerona con banderas independentistas
Jóvenes paseando por Gerona con banderas independentistas - INÉS BAUCELLS

Las lenguas cooficiales, ariete del nacionalismo

Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales

MadridActualizado:

De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves.

Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales. En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera. En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido por Ximo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.

En Valencia, como también sucede en Baleares, la alianza del socialismo con las marcas locales de Podemos y su querencia claramente nacionalista, está propiciando un acercamiento progresivo de las políticas lingüísticas de estas dos regiones a la que se viene practicando en Cataluña desde hace décadas. Allí, la inmersión lingüística en la escuela es quizás el exponente más visible de una política que ha puesto la lengua y la promoción del catalán, con su reverso inevitable en forma de discriminación del castellano, como punta de lanza de un proyecto de construcción nacional. El artículo 3.3 de la Constitución señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Sin limitación alguna, algunos lo hacen sobre el desprecio al castellano.