La Junta de Andalucía desconoce la cuantía de los fondos devueltos

El Gobierno andaluz desconoce cuánto dinero defraudado a través de las ayudas de los ERE y de los cursos de formación ha retornado a las arcas públicas. Justifica su ignorancia sobre un asunto de vital interés para los andaluces, verdaderos perjudicados por el desvío de cientos de millones, alegando que dicha información exigiría una «acción previa de reelaboración» para la que carece de «medios técnicos razonables». Por increíble que parezca, el motivo de tanto secretismo es que en la Administración no existe un programa informático que tenga procesados y centralizados estos datos.

Ésta fue la respuesta que el director general de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía, Jesús González Márquez, dio por escrito a la diputada autonómica y portavoz de Empleo en su Grupo Popular, Teresa Ruiz-Sillero, el pasado agosto.

Este alto cargo explicó que «existen procedimientos en distintas fases y estados de tramitación, siendo parte de ellos objeto de procedimientos contencioso administrativos, por lo que habría que recabarse parte de la información del Gabinete Jurídico de la Junta», estructurado en unos servicios centrales con delegaciones provinciales.

Desde entonces hasta ahora, la suma de dinero recuperada continúa siendo un enigma. Cada vez que un representante político o un periodista han preguntado sobre este asunto a responsables autonómicos, se ha dado de bruces contra un muro infranqueable. Ni el Consejo de Transparencia de Andalucía, creado para arrojar luz sobre estas cuestiones, ha permitido saltar esta barrera de silencio.

Ruiz-Sillero requirió una respuesta en el Parlamento en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015. Cansada de esperar, se dirigió al citado órgano de transparencia, que rechazó su solicitud alegando que tal información no estaba procesada. Así que la diputada presentó una demanda que está investigando el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Sevilla. De modo que, por ahora, no hay forma de saber cómo se está cumpliendo la voluntad de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha repetido con insistencia que debe devolverse «hasta el último euro».