España

El juez de la Púnica adelanta la declaración de Francisco Granados al 21 de diciembre

El ex secretario general del PP madrileño pretende colaborar y aportar documentación y escrituras para aclarar hechos

Granados declara por vídeoconferencia en la Asamblea de Madrid
Granados declara por vídeoconferencia en la Asamblea de Madrid - EFE

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha aceptado la petición del supuesto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, y ha adelantado su declaración voluntaria al 21 de diciembre. Como adelantó ABC, el antiguo secretario general del Partido Popular de Madrid no quería esperar hasta el 11 de enero, la fecha que fijó el magistrado después de que él pidiera comparecer.

El abogado de Granados solicitó que se adelantara la fecha al considerar que la fijada por el juez no satisfacía el espíritu de la ley, que establece que si un procesado solicita declarar de forma voluntaria, el juez debe escucharle «inmediatamente». El letrado también ha alegado que debe acudir a una vista oral en Valencia el 10 de enero, una cita que podría impedirle estar en Madrid el día 11.

La intención del supuesto cabecilla de la Púnica, que lleva en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014, es colaborar con la justicia y aclarar los hechos delicitivos que le atribuyen, que le sitúan en el centro de una trama de corrupción local y regional. Según fuentes jurídicas, Granados pretente aportar documentación y escrituras y acreditar todas sus explicaciones sobre la causa.

Esta petición del antiguo número dos de Esperanza Aguirre llega, además, después de que la Audiencia Nacional confirmara la prórroga de su estancia en prisión preventiva, una medida que acordó el juez de la investigación. La Sala de lo Penal argumentó que Granados dispone de un «elevadísimo patrimonio» oculto que le permitiría fugarse y alejarse de la acción de la justicia.

Granados también pretente rebatir este argumento y explicar al juez que solo tiene los fondos económicos que ya se conocen. La investigación considera que el supuesto cabecilla de la trama Púnica utilizó su influencia política en la Comunidad de Madrid para beneficiar de forma irregular a empresarios afines, una red de influencias que utilizó también en beneficio propio. El hilo de la investigación partió de unas cuentas bancarias en Suiza, un dinero que Granados justificó por actividades privadas previas a la política.

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