El juez Llarena amplía a un plazo máximo de 18 meses la investigación al «procés»
El Tribunal Supremo declara compleja la causa por rebelión a 28 líderes independentistas
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha declarado compleja la causa por rebelión contra 28 líderes independentistas, imputados por empujar hacia la secesión de Cataluña por las vías ilegales . En un auto, el magistrado acepta la petición de la Fiscalía, que fue apoyada por la Abogacía del Estado y las defensas de gran parte de los investigados. Esta decisión permite ampliar el plazo de la investigación hasta un tope de 18 meses , que no tienen por qué agotarse, frente a los seis meses a los que se acota una causa simple.
«Entrando a valorar la concurrencia de las causas alegadas por el Ministerio Fiscal y su adhesión por las demás partes, no puede desconocerse el hecho de que la imputación a gran número de personas, tal como recoge el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es un motivo que se da en el presente caso y suficiente para declarar la complejidad de esta causa, y ello sin perjuicio de que con posterioridad y tras las diligencias que deban practicarse puedan resultar implicados en los hechos otras personas», alega el juez.
La ley que regula el proceso penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite desde una reforma reciente declarar una causa compleja cuando se dan algunas circunstancias tasadas : la existencia de numerosos delitos o investigados en la instrucción, que sea necesario analizar numerosa documentación para avanzar o que haya que realizar diligencias de investigación en el extranjero, motivos que justifican la ampliación.
A pesar de que el plazo máximo sea de 18 meses, el magistrado no tiene por qué agotarlo. Según informó ABC, la intención del juez instructor es cerrar la investigación en primavera , en torno a marzo o abril, y acordar el procesamiento de los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. Este paso supone que el juez concluye que existen indicios sólidos contra ellos. En el caso de los encarcelados de forma preventiva, el procesamiento provoca su inhabilitación para cargo político.
El juez atribuye a los investigados los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos . Les acusa de empujar hacia la independencia de Cataluña, por las vías ilegales, alentando una insurrección y enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Los antiguos gobernantes catalanes, algunos parlamentarios y los líderes de la sociedad civil desobedecieron al Tribunal Constitucional, que dejó en papel mojado las leyes de la ruptura y la convocatoria del referéndum ilegal, que ordenó frenar.
Noticias relacionadas
