El juez achaca a Forn el «abandono» de los Mossos de su obligación de garantizar la ley

El magistrado rechaza liberar al exconsejero y le culpa de la inacción de los Mossos el 1-O

Vídeo: El motivo por el que el juez Llarena rechaza dejar en libertad a Joaquim Forn ATLAS
Luis P. Arechederra

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor de la investigación por rebelión a 28 líderes independentistas, lo tiene claro y aprecia un «abandono» de los Mossos d’Esquadra de su obligación de garantizar el orden constitucional y la legalidad, en consonancia con el proceso secesionista. El magistrado achaca esa inacción -que se tradujo en la pasividad del Cuerpo policial autonómico para impedir el referéndum del 1 de octubre- al exconsejero de Interior Joaquim Forn , a quien rechaza liberar.

Llarena considera vigente el riesgo de que Forn reitere en los delitos, a pesar de que el «exconseller» haya renunciado a su escaño en el Parlamento catalán, porque todavía puede convertirse en gobernante regional. El juez da más credibilidad a la actuación pasada de Forn , a quien acusa de asumir los brotes de violencia como un medio para alcanzar la secesión, que a su supuesta renuncia a la vía unilateral. El instructor considera «incierto» que el independentismo haya aceptado respetar la ley, y cita el empeño en contra del fugado Carles Puigdemont.

En su argumentación, el juez explica la «contribución» de Forn a la «transgresión» del proceso independentista ilegal. Como titular entonces de la Consejería de Interior, el encarcelado facilitó la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional mediante «el abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal» de los 17.000 agentes de los Mossos que dependían de él. Solo movilizaron 7.000.

Forn niega su responsabilidad, rechaza que los políticos de la Generalitat dominaran el operativo policial y defiende que los Mossos buscaron generar «la menor lesividad» posible, con una actuación proporcionada, ante la multitud de gente en los colegios.

La pasividad del Cuerpo autonómico supuso «perder el último recurso del Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una comunidad autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas», una inacción que también facilitó «que las movilizaciones sociales se propagaran y pudieran aumentar su vigor, hasta forzar al Estado a aceptar la independencia», explica el juez, según los indicios recopilados en la causa.

Llarena describe «una actuación policial contraria al cumplimiento» de las órdenes judiciales, que exigieron que se impidiese el referéndum. El juez se basa en el testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que el pasado jueves relató en el Supremo la inacción de los Mossos, que atribuyó a Forn y al mayor Josep Lluís Trapero. Según Pérez de los Cobos, «la actuación del Cuerpo de Mossos estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia». El coronel señaló que Forn se agarró al literal del mandato judicial -«impedir la votación pero sin perjudicar la convivencia ciudadana»- como pretexto de la inacción.

El testimonio del coronel, a quien Llarena otorga credibilidad, puede dificultar la defensa de Trapero en la Audiencia Nacional. De los Cobos testificará en esa causa, ante la juez Lamela, el próximo 14 de febrero. El magistrado también se apoya en la declaración del exdirector de los Mossos Albert Batlle, quien dimitió de su cargo por la llegada de Forn.

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