Jordi Sànchez avisa a Puigdemont: se apartará de cualquier declaración unilateral de independencia
El expresidente de la ANC acepta el «vigente marco constitucional para pedir su libertad al Tribunal Supremo
El antiguo presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha expresado por escrito su acatamiento del «vigente marco constitucional» para pedir al Tribunal Supremo su liberación . Sànchez, encarcelado para evitar que reitere en los delitos que le atribuyen y elegido diputado catalán por las listas de Junts per Cataluña, argumenta que mantiene su «legítima voluntad» de modificar la forma del Estado español pero «por vías siempre legales, pacíficas y democráticas». Con este escrito, el líder independentista solicita al Tribunal Supremo que revise su situación personal y le deje en libertad.
En línea con su declaración del pasado jueves ante el juez del caso, Pablo Llarena , Sànchez insiste en que nunca ha defendido la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña y advierte a Carles Puigdemont de que «no seguirá ninguna decisión en ese sentido» si la formación política de Junts per Cataluña altera su programa electoral y opta por una declaración unilateral de independencia, como realizó el antiguo Gobierno de la Generalitat el pasado 27 de octubre, en el que proclamó la independencia.
Según su tesis, esta apuesta por las vías dialogadas no es una manifestación oportunista, «sino la verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista». Sànchez está imputado por los delitos de rebelión, o sedición, y malversación , por alentar una insurrección contra el Estado para empujar hacia la independencia por las vías ilegales.
El antiguo presidente de la ANC trata además de desmontar la imputación que pesa contra él. El juez le considera responsable de la concentración frente a la Consejería de Economía de la Generalitat que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, en la que una masa de independentistas acosó a los agentes de la Guardia Civil que realizaban un registro por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona. Sànchez asegura que siempre buscó mantener el carácter reivindicativo de la manifestación, que los «puntuales» excesos que se produjeron no pueden ser atribuidos a los organizaciones y convocantes del evento.
Aquel día, la letrada de la administración de justicia que presenciaba el registro tuvo que abandonar la sede de la Generalitat por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro cercano para salir del lugar. Además, la masa retrasó la salida de la comitiva judicial : algunos agentes no pudieron dejar las dependencias hasta las siete de la mañana del día siguiente, y tres vehículos oficiales fueron destrozados.
Entre sus argumentos, la defensa de Sànchez expone que en los últimos años se han producido numerosas convocatorias por plataformas ciudadanas para tratar de evitar desahucios, acciones que, según los letrados, fueron mucho más efectivas en la obstaculización de la acción de la justicia, sin que nadie fuera imputado por el delito de sedición, que se castiga hasta con quince años de prisión. El líder independentista alega que su intención no fue entorpecer esta labor en la convocatoria del 20-S .
Para desvirtuar el riesgo de reiteración delictiva, el escrito cita la normalización política que está adquiriendo Cataluña, tras las elecciones autonómicas del pasado 20 de diciembre, que fueron convocados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy . «La circunstancia de que en dicho periodo electoral no se haya producido absolutamente ninguna alteración de la paz publica, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio del Interior haya retirado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Cataluña, es un evidente indicio de que paulatinamente la situación se está normalizando», alega el escrito, al que ha accedido ABC.
Este escrito no es un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo; es un escrito pidiendo la libertad al juez Llarena, que resolverá sobre la solicitud tras dar traslado a las partes del caso, que deberán posicionarse. El criterio de la Fiscalía, que ha sido partidaria de la prisión incondicional para los líderes independentistas investigados por rebelión, puede ser decisivo. La acusación popular de Vox ya anunció, tras las declaraciones, que no veía motivos para modificar el encarcelamiento preventivo de Forn y los «Jordis».
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