España

La UCO investigó a las dos asistentas de González por si les pagaba en negro

Edmundo Rodríguez y Fernanda Richmond aseguraron que las cuentas no les salían

Ignacio González es trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez
Ignacio González es trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez - EFE

Los agentes de la UCO que seguían los pasos a Ignacio González pidieron el 15 de noviembre del año pasado autorización al juez para acceder a datos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social de dos mujeres: las dos internas que trabajaban en la casa del expresidente de la Comunidad de Madrid. González pagaba a dos empleadas de hogar pese a ganar en ese momento unos 4.500 euros que le pagaba «La Razón» y una de sus hijas cursaba estudios en una universidad privada.

El expresidente de la Comunidad de Madrid pagaba a dos empleadas del hogar ganando unos 4.500 euros
La información la averiguaron los investigadores al grabar una conversación en el restaurante «La Chamartina» entre Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de González en Iberoamérica y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de Canal Gestión. En esa conversación, se decía que la mujer de González, Lourdes Cavero, no tenía trabajo por lo que el ritmo de vida que llevaba la familia «no aguanta justificaciones», en palabras de Richmond. Edmundo en persona le había aconsejado al expresidente que debía pasar desapercibido y señalaba que González podría estar haciendo uso del «dinerillo B que haya por ahí que vaya sacando para una cena, pa un no sé qué pa tal», según consta en el sumario del caso Lezo.

Uso de dinero sin declarar

La Guardia Civil explicaba en su informe al juez que del análisis de las conversaciones se podía inferir que el exresponsable de la Comunidad y su familia «podrían hacer uso de dinero no declarado» y que los interlocutores ponían en duda «su nivel de vida no ajustado a las retribuciones percibidas por sus actividades profesionales». «Cabría la posibilidad de que parte de los fondos empleados para sustentar los gastos domésticos tuvieran una procedencia desconocida», dicen.

Esa es la justificación para su petición al juez Eloy Velasco: «Conocer al pagador y/o sociedad en que las citadas empleadas domésticas fueran asalariadas y/o trabajadoras, serían datos que podrían verter luz acerca de la forma de pago a las mismas»: una tenía 54 años y otra 69 y ambas estaban empadronadas en el domicilio de los González Cavero.

En su petición, los agentes dicen que sería conveniente saber si los pagos están declarados o si se hacían con fondos de origen desconocido que podrían corresponderse con «el dinerillo B». Los datos de las dos empleadas se volcaron en la secretaría del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional.

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