El oasis catalán

Ínsula barataria

El secesionismo aduce que la estampida de empresas obedece a un complot contra la independencia de Cataluña

Miquel Porta Perales

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Coincidiendo con las elecciones autonómicas en Cataluña, TV3 invita regularmente a comentaristas que ejercen en el resto de España. Sentado ante el televisor, constato la sensación de sorpresa de la mayoría de los mismos ante las opiniones vertidas por los entrevistados o sus colegas catalanes. Se sorprenden cuando escuchan que el referéndum del 1 de octubre está justificado porque lo pedía la gente, que la democracia no implica el cumplimiento de la ley, que es incomprensible la reacción de un Estado de derecho que se defiende aplicando el 155 de la Constitución, que el diálogo no debe hacerse necesariamente dentro del marco constitucional. Sospecho que los estupefactos periodistas de otras partes del Estado creen estar en una quijotesca Ínsula Barataria.

Leído

En el argumentario del secesionismo, la fuga de empresas, coincidiendo con la proclamación de la República Catalana (?), ocupa un lugar destacado. El secesionismo aduce que la estampida obedece a un complot contra la independencia de Cataluña, perfectamente orquestado por un Estado español que lo impulsa y favorece cambiando la legislación a mayor gloria de sus intereses. El secesionismo es incapaz de aceptar que la huida -empresas, inversores, ahorradores- se debe a la «astucia» -deslealtad, desobediencia, provocación- de un secesionismo devastador. Afortunadamente, el mercado -todos somos mercado- ha tomado ya la palabra.

Observado

Mientras la Revolución de la Sonrisa vende emoción y descalifica (Estado represor, atentado a la democracia, basta ya de jugar con la escuela y la lengua, inmovilismo, recorte de las libertades, el golpe de Estado unilateral del 155, quiten las manos de nuestra Administración, neofranquismo), el constitucionalismo propone (recuperar el autogobierno, coser la fractura social, innovación, vuelta de empresas, política sanitaria, medidas ambientales, fiscalidad, infraestructuras, escuela trilingüe, lucha contra la corrupción o reforma de la Constitución). En definitiva, la política democrática frente a la demagogia populista de un nacionalismo que mantiene unas pésimas relaciones con la legalidad constitucional y el Estado de derecho.

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