La independencia les «cuesta» 1,5 millones de euros al año a Puigdemont y sus consejeros

Los impulsores de la declaración unilateral en Cataluña no cobrarán un euro público hasta, como pronto, después del 21-D

El Govern de la Generalitat cesado, en una de sus reuniones semanales EFE
Enrique Delgado Sanz

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Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de consejeros del «Govern» de la Generalitat cesado lanzaron, al declarar de forma unilateral la independencia, un pulso a la unidad de España. Perdieron y ahora sufren las consecuencias. Unos duermen en prisión, otros en alguna parte de Bélgica a miles de kilómetros de casa, pero todos ellos tienen, además del gen secesionista, algo en común: sus bolsillos sufren tras tensar demasiado la cuerda.

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Concretamente hasta obligar al Estado, con Mariano Rajoy al frente, a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en la batería de medidas que dispuso para devolver la legalidad a Cataluña incluyó el cese del hasta entonces Gobierno catalán y la disolución del Parlament. Con la primera determinación, Puigdemont y sus 13 consejeros perdieron su asignación salarial, que en todos los casos era superior a los 100.000 euros anuales. Puigdemont tenía el mejor salario con 139.585,67 euros al año, mientras que el resto de sus consejeros tenía asignado, en cada caso, 110.759,94 euros por curso, de acuerdo con el último documento de retribuciones disponible en el portal de transparencia de la Generalitat. En total, 1.579.464,89 euros .

Independencia o pensión

De entre todos ellos, sólo Puigdemont tiene derecho a solicitar una pensión después de haber sido cesado. En su condición de expresidente de la Generalitat podría percibir, en virtud de lo dictado en la Ley 6/2003, de 22 de abril del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat , el 80% de su salario como President «por un período equivalente a la mitad del tiempo que ha permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura». En el caso de Puigdemont se trataría de 111.668,536 euros al año, además de otras prerrogativas como la creación de una oficina para desarrollar sus actividades o una pensión vitalicia equivalente al 60% de su último sueldo al cumplir los 65 años.

Pero claro, solicitar esta pensión supondría un duro golpe a la causa independentista, ya que su aceptación llevaría implícito el fracaso de la carrera secesionista iniciada por Puigdemont y su equipo , quienes pretenden convertir las elecciones del 21-D en una nueva reválida soberanista.

Además de Puigdemont, seis de sus consejeros -Dolors Bassa, Antoni Comín, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turrull- también son diputados por lo que, si no hubieran renunciado a este sueldo, seguirían percibiendo su cuantía sin necesidad de reclamarlo. El reglamento de la cámara regional lo deja claro en su artículo 24, donde establece las causas por las que un diputado pierde su condición y, por ende, la indemnización y otros derechos propios de su cargo, como las dietas. Así, el grueso de los diputados, pese a la extinción de la legislatura, mantiene un salario que ronda los 40.000 euros. Y ahí, el dilema para los consejeros que también eran parlamentarios es similar al que se le presenta a Puigdemont: si solicitan el dinero, niegan la independencia .

De la pérdida de la nómina habitual se libran los integrantes de la Diputación Permanente del Parlament, organismo compuesto por 23 parlamentarios de distintos colores y encargado de velar por los poderes de la cámara cuando expira -o en este caso se disuelve- el parlamento. La presidenta es Carme Forcadell, que mañana prestará declaración en el Tribunal Supremo en relación a la declaración unilateral de independencia, y que mantiene su salario: 121.679,48 euros anuales más otros 26.083,6 euros, en virtud de la última declaración de ingresos que facilitó al Parlament.

Con esta salvedad, ninguno de los impulsores del 1-O cobrará ni un euro público, como pronto, hasta después de las elecciones autonómicas. Para ello, eso sí, tienen que cumplir varias condiciones: conseguir un escaño en el Parlament, ser designados miembros del nuevo «Govern» y, en todos los casos, no ser finalmente inhabilitados políticamente por la Justicia.

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