Ignacio González, el día de su detención
Ignacio González, el día de su detención - EFE

Ignacio González recurre su encarcelamiento y pide ser sometido a arresto domiciliario por el caso Lezo

El abogado del expresidente de la Comunidad de Madrid pide a la Sala de lo Penal que le libere, contra la decisión del juez

MadridActualizado:

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril por el caso Lezo, ha solicitado a la Audiencia Nacional que modifique su encarcelamiento por una medida menos gravosa como el arresto domiciliario, acompañado de la intervención de las comunicaciones y la prohibición de acercarse a personas afectada por la investigación. González ha recurrido en apelación la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de mantenerle en prisión, según han informado fuentes de su defensa.

El recurso de González critica la «incongruencia omisiva» del auto de García Castellón en el que denegó su liberación: el letrado argumenta que el magistrado dejó de responder a la petición del imputado, quien ya propuso entonces las medidas menos gravosas ahora planteadas para dejar de estar en prisión preventiva. Según el abogado, el auto es insuficiente para justificar la medida de cárcel.

El expresidente de la comunidad de Madrid y antiguo número dos de Esperanza Aguirre, considerado el cabecilla de una trama corrupta que anidó en el Canal de Isabel II, la poderosa empresa que gestiona las aguas madrileñas, lamenta la «falta de motivación» del juez para acordar una decisión tan grave como la prisión incondicional. González ya alegó que el encarcelamiento le había desgastado física y psicológicamente para solicitar su liberación mientras es investigado. La defensa añade que el juez solo ha mencionado una frase de una conversación en la que González insinúa que podría viajar a Sudaemérica para apreciar riesgo de fuga.

La primera vez que González pidió el levantamiento de la medida cautelar fue denegada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que por medio de un auto hecho público el pasado 2 de junio consideró que la necesidad de apoyo familiar que González alegaba entonces no minimizaba el riesgo de fuga. Además, señaló que si bien su notoriedad pública le dificultaría sustraerse de la acción de la justicia en España, no ocurriría lo mismo en otros países que tienen «un menor nivel de cooperación policial y judicial» con el nuestro. Y recordó que en una conversación telefónica intervenida al exconsejero de «La Razón» Edmundo Rodríguez Sobrino, este aseguraba que González tenía escondido «dinerillo B». A mayores, el tribunal señaló que podrían existir fondos ocultos procedentes de las actividades presuntamente ilícitas de González a las que podría retornar de quedar en libertad.

El juez que comenzó la instrucción del caso Lezo, Eloy Velasco -ahora ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional-, decretó en abril la prisión provisional incondicional y sin fianza de González y de su hombre fuerte en Sudámerica y expresidente de la mercantil Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.

González fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) debido a sus presuntas actividades delictivas en la empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II, que presidió entre 2003 y 2012, antes de ocupar la presidencia del Gobierno regional (2012-2015).

Según la investigación judicial, González pertenecía a una compleja organización criminal de la que habría recibido una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación irregular del tren de Navalcarnero. Además, habría participado en la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica, adquiriendo de forma ilegal empresas y obras. También se le relaciona con la adjudicación fraudulenta de Gold Canal y con la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.