Ignacio González declara hoy ante el juez para esclarecer su responsabilidad en Lezo

María Fernanda Richmond logró, declarando voluntariamente, que el juez Manuel García-Castellón (sustituto de Eloy Velasco como instructor) le rebajara la fianza desde 4 millones de euros a tan solo 100.000. La ex directora financiera del Canal de Isabel II abonó justo al día siguiente el dinero y pudo «defenderse desde la libertad», tal como ella deseaba.

Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte de Ignacio González del Canal en Iberoamérica, también declaró a petición propia ante el nuevo magistrado instructor, pero la estrategia de éste fue distinta. No solicitó cambios en las medidas cautelares (está encarcelado sin fianza) y tampoco incriminó, según fuentes jurídicas, a González.

Ahora le llega el turno a Ignacio González, supuesto líder de la trama Lezo. El expresidente madrileño declara hoy en la Audiencia Nacional ante García-Castellón para esclarecer su responsabilidad en Lezo ante el desvío de dinero público a manos privadas.

El magistrado le ha citado a las 10:00 horas para que cuente lo que estime oportuno respecto a las irregularidades llevadas a cabo en el Canal. Las razones de que solicite justo ahora volver a ver al juez son dos: la experiencia con García-Castellón en relación a Richmond le favorece para intentar salir de la cárcel y que ahora tiene un conocimiento más exhaustivo de los hechos por los que le acusan.

Al expresidente de la Comunidad de Madrid se le investiga por presuntos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentación públicos, prevaricación, fraude y malversación.

La investigación

Los hechos por los que se le está investigando son los relativos a su gestión al frente de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. González fue presidente de la misma entre 2003 y 2012, momento en el que ascendió hasta la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La investigación se encuentra centrada en los presuntos pagos de comisiones y sobreprecios por parte de la empresa pública madrileña de aguas. Así, los investigadores sospechan que los gestores del Canal se lucraron por operaciones de compra de empresas radicadas en Brasil y Colombia que han resultado ser un complejo agujero para las finanzas públicas de la Comunidad de Madrid.

Por ello, se sospecha que el dinero pagado por el sobrecoste de la adquisición podría haber ido a parar a manos privadas, habiéndose pagado la operación con «cuentas bancarias no autorizadas» y ubicadas en «paraísos fiscales», según el juez. El perjuicio para el Canal se estima en unos 25 millones de dólares.

Coincidirá con su hermano

No solo Ignacio está en prisión por parte de su familia. Su hermano Pablo también se encuentra encarcelado. Éste último ha sido citado para hoy para declarar ante el juez José de la Mata, aunque por una causa distinta: Mercasa.

Ambos hermanos serán trasladados desde la cárcel de Soto del Real, donde, incluso, comparten celda. Precisamente de aquellas dependencias fue trasladado Edmundo Rodríguez Sobrino hasta la prisión de Estremera para evitar que Ignacio y él pudieran intercambiar información. El juez García-Castellón no quiere que se comuniquen dos de los presuntos líderes de la trama. La versión de Edmundo, que estuvo unas cuatro horas declarando, ya la conoce. Ahora le queda por saber la de Ignacio.