Artur Mas, este martes en la rueda de prensa para anunciar que deja la presidencia del PDECart - EFE

Así es el horizonte penal de Artur Mas

El expresidente de la Generalitat, pendiente de que el Supremo le llame a declarar por rebelión

MadridActualizado:

Desde el pasado 22 de diciembre Artur Mas ya forma parte de la veintena de investigados por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación que han llevado ante el juez Llarena a todo el gobierno de Carles Puigdemont y a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Un informe de la Guardia Civil sitúa al expresidente de la Generalitat en el núcleo de organización y planificación de la hoja de ruta independentista. En los próximos días será llamado a declarar por el magistrado junto a otras cinco personas, entre ellas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la portavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel.

No será la primera vez que el expresidente responda ante los tribunales, pues la celebración de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional, ya le llevó a sentarse en el banquillo de los acusados junto a su número dos en el gobierno, Joana Ortega, y la entonces consejera Irene Rigau. El juicio terminó con una condena de inhabilitación por desobediencia. Se libró de las penas por prevaricación y malversación, delito este último con el que sí se jugaba la prisión.

No detuvo la consulta

Aquella sentencia consideró probado que fue él quien convocó el «proceso de participación» del 9-N y que tenía «perfecto conocimiento del contenido y los efectos» de la resolución del TC. A pesar de ello «nada hizo» por detener la jornada de votación «pervirtiendo» así los «principios democráticos».

No solo «omitió toda decisión», sino que «dispuso lo necesario» para mantener vigentes «los contratos de aprovisionamiento de los materiales y equipamiento» necesarios para la jornada del 9-N, señaló en su resolución el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así, durante dos años se le prohibía ejercer cargos públicos de cualquier clase, «ya sean de ámbito local, autonómico o estatal», y actuar, durante el mismo tiempo, en «funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado».

Lejos de achantarse con esta condena, el pasado febrero Mas no dudó en participar en un acto en el que defendió la movilización ciudadana como instrumento de desobediencia, e insistió en que esa movilización debía ser organizada, con acciones bien calculadas y con el objetivo de poder llegar a celebrar el referéndum. De ahí que ahora tenga que responder también ante el TS.

El 9-N también ha tenido consecuencias económicas para Mas, que ha tenido que afrontar la fianza de 5,2 millones de fianza que el Tribunal de Cuentas le exigió por el dinero público que la Generalitat gastó en aquella consulta. De hecho, el 13 de diciembre el órgano fiscalizador del Estado ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Mas puso para cubrir esa fianza: una casa señorial de 199 metros cuadrados ubicada en la calle Tuset, una buena zona de Barcelona.

La renuncia de Mas se produce cuando falta una semana para que se conozca la sentencia del caso del Palau de la Música, en la que la Fiscalía pide 14 años para el saqueador confeso del Palau Félix Millet y en la que Convergencia Democrática de Cataluña figura como responsable civil a título lucrativo.