Homs reconoce que la Generalitat conocía la suspensión del Constitucional el 9-N

Francesc Homs trató este lunes de evitar una condena por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) sin abandonar, sin embargo, el discurso soberanista catalán y sin perder el rédito político de sus actos para preparar la consulta soberanista ilegal celebrada el 9 de noviembre de 2014, una jornada que justificó por un supuesto mandato para satisfacer los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes. El TC suspendió la convocatoria cuatro días antes, el 4 de noviembre, al admitir a trámite la impugnación del Gobierno.

Con esa doble estrategia, Homs reconoció, en la primera sesión del juicio contra él en el Tribunal Supremo, que la Generalitat conocía el 9-N que la convocatoria había sido suspendida por el TC. «Como institución, la Generalitat se dio por notificada el 4 de noviembre», respondió el diputado del Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergència, a preguntas del fiscal.

El Alto Tribunal le juzga por impulsar desde su cargo de Consejero de Presidencia de la Generalitat presidida por Artur Mas la celebración del 9-N, un referéndum encubierto por la independencia de Cataluña, a sabiendas de la suspensión dictada por el TC.

La Fiscalía, que pide para él 9 años de inhabilitación especial para cargo público, le atribuye los delitos de desobediencia grave y de prevaricación. Él defendió que era su obligación continuar con los preparativos y que volvería a actuar de la misma manera, incluso después de que el TC entrara al fondo del asunto en 2015 y anulara la convocatoria por inconstitucional.

«No podíamos hacer otra cosa», expresó Homs, que presentó la decisión del Gobierno catalán como una elección entre el cumplimiento de la decisión del TC -«una providencia inconcreta», según sus palabras- y el desarrollo de los derechos de participación política de los ciudadanos.

La categoría de providencia

Ese fino equilibrio de la declaración de Homs, abogado de formación y responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat el 9-N, le llevó a contradecirse e incluso a mentir. Para restar importancia a la decisión del TC, el diputado aseguró que una providencia -la forma a través de la que el TC expresó su decisión de suspender la consulta- no es una resolución judicial.

Homs ignoró u olvidó las normas que regulan el funcionamiento del TC y el desarrollo de los procesos, que definen una providencia como una resolución judicial que expresa una decisión de los jueces para ordenar un proceso sin necesidad de motivación. Una providencia constituye, junto a autos y sentencias, una de las tres formas de las que disponen los jueces (y por tanto, el Constitucional) para expresarse.

Aunque reconoció todos los hechos que el Ministerio Publico le atribuye «y más», Homs defendió que no cometió ningún delito por potenciar el 9-N. «Evidentemente asumo todos los hechos, es público y notorio lo que hicimos; pero no que se haya cometido un ilícito penal, esto es lo que discuto».

Para negar los delitos que le imputan, el diputado del PDECat denunció una supuesta inconcreción de la decisión del TC, una ausencia de detalle que le impedía saber si sus actos estaban prohibidos o no. «No había forma humana de saber cuál era el alcance y el razonamiento de la providencia», alegó. El antiguo consejero de Presidencia trató de convencer al tribunal formado por siete magistrados de que nadie le comunicó a él la decisión del TC, a pesar de que la información le llegó a la Generalitat por los cauces oficiales: se publicó en el Boletín Oficial del Estado y en el «Diari Oficial de la Generalitat», y se comunicó la providencia a Artur Mas, quien recibió un correo el mismo 4 de noviembre. Mas declara mañana como testigo en la causa, después de haber sido juzgado por los mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

«¿Usted fue destinatario concreto de alguna orden o resolución? ¿Se le notificó, fue requerido, se le hizo algún tipo de advertencia, se dirigía a usted la providencia?», le cuestionó su abogada defensora. «No», respondió Homs.

El antiguo consejero añadió que el Gobierno regional no suspendió la consulta porque no se podía suspender «lo que no es». Según su explicación, el acto que preparaban no era una consulta, sino un proceso participativo, un evento como tal que no fue suspendido, explicó. Este argumento de Homs escondió otra trampa: la providencia del TC del 4 de noviembre, la que incumplieron Homs y sus colegas del «Govern», suspendió de forma expresa la convocatoria de la Generalitat para preguntar a los catalanes en un llamado «proceso de participación ciudadana», como constaba en la página web creada para tal propósito.

La prohibición de llevar a cabo una «consulta popular» -el término inicial para denominar la misma iniciativa- fue acordada anteriormente, el 29 de septiembre de 2014, a través de otra providencia que admitió otro recurso de impugnacion del Gobierno. Los dirigentes secesionistas asumieron formalmente esta suspensión y dejaron de hablar de «consulta popular», pero en la práctica mantuvieron la convocatoria bajo otra nomenclatura.

En su declaración de dos horas, el diputado admitió que su departamento ordenó que continuaran los trabajos informáticos necesarios para celebrar la consulta, que controló la publicidad de la jornada en los medios y que contrató un espacio para que la prensa internacional siguiera la convocatoria. La Fiscalía considera que estos actos administrativos ordenados por Homs provocaron «la total ineficiencia» de la resolución del TC. Los testigos que comparecieron ayer, responsables de estas empresas, apuntalaron esta tesis al expresar que ellos preguntaron a Homs si debían seguir adelante o no. También declaró en la misma línea Felipe Puig, entonces consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, quien relató al tribunal que existía la orden de que cualquier duda de los contatistas fuera trasladada a Homs, como responsable de los servicios jurídicos.

Al inicio del interrogatorio, Homs pidió al fiscal que no le interrumpiera cuando él respondía, como a él le enseñaron en su casa. «Esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo», intervino el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que explicó a Homs que la impertinencia de los comentarios del fiscal la valoraba el tribunal.