El tribunal de la Audiencia Nacional del caso Gürtel
El tribunal de la Audiencia Nacional del caso Gürtel - EFE

La historia de España contada a través de la lucha contra los grandes criminales

La Audiencia Nacional cumple cuarenta años centrada en la lucha contra el yihadismo

Madrid Actualizado: Guardar
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El mismo día que entró en vigor la norma que desmontó la estructura legal del franquismo y facilitó la llegada de la democracia –la celebrada Ley de la Reforma Política–, el Boletín Oficial del Estado (BOE) también recogió la creación de la Audiencia Nacional, el tribunal que ha investigado y juzgado los casos más complejos y mediáticos de nuestro país. Era el 5 de enero de 1977 y España se asomaba a una nueva era. Han transcurrido cuarenta años.

«La democracia y la Audiencia Nacional nacieron y crecieron juntas, al servicio de los españoles», expresa José Ramón Navarro, el presidente del tribunal, en una carta que celebra este cuarenta aniversario. La Audiencia Nacional –un órgano jurisdiccional único con jurisdicción en toda España– está especializada y se encarga de las materias más complejas: el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos contra la Corona y los delitos económicos que causan un grave daño a la economía nacional.

Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, explica a ABC que el tribunal «ha contribuido decisivamente» a la consolidación de la democracia frente a esas grandes amenazas.

Jueces estrella

El paisaje del día a día del tribunal lo han marcado los tiempos. Las bombas de ETA –que en 51 años de historia asesinó a 857 personas, la última en marzo de 2010– coparon el trabajo de la Audiencia Nacional durante muchos años. Navarro resalta la labor conjunta de magistrados, fiscales y funcionarios para «perseguir los delitos más graves, como el narcotráfico y el terrorismo». «La derrota del terrorismo de ETA no se puede entender sin la Audiencia Nacional», concluye con orgullo Zaragoza, quien revive como sus momentos más duros en el tribunal el asesinato por ETA de la fiscal Carmen Tagle –su compañera de promoción– y los atentados contra los jueces José Antonio Jiménez Alfaro, a quien los pistoleros enviaron un libro-bomba, y contra Fernando De Mateo Lage.

Ahora, el terrorismo yihadista ocupa un lugar principal en las tareas de los jueces y fiscales del tribunal, uno de cuyos juicios históricos fue el que enjuició a 29 acusados por el atentado en los trenes madrileños que mató a 191 personas el 11 de marzo de 2004. El tribunal consideró probado que una célula islamista cometió la salvajada.

El destape de la corrupción, en los últimos años, ha llevado ante el tribunal a antiguos poderosos como Rodrigo Rato, Jordi Pujol o Luis Bárcenas, en causas enrevesadas como el caso Bankia, la del clan Pujol o el caso Gürtel. Políticos de todos los colores y empresarios se han convertido en presencias habituales en los pasillos y las salas de vistas de la Audiencia Nacional.

Asuntos históricos quedan en la memoria de España, como el caso Banesto, el caso GAL o las operaciones contra la droga de los años ochenta, o casos que afectaron a numerosos ciudadanos corrientes, como el envenenamiento por el aceite de colza o la estafa piramidal de Afinsa. Estrellas mundiales como Neymar o actores como Imanol Arias también son investigados en el tribunal.

La popularidad de estas causas se traslada, en ocasiones, a los jueces. Magistrados en un principio desconocidos que terminaron protagonizando telediarios a golpe de resolución; algunos a su pesar como el discreto Pablo Ruz, otros encantados como Baltasar Garzón, el «juez estrella» por excelencia. Su imagen de juez implacable liderando operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo sobre el terreno quedó empañada tras su efímero paso por la política y, sobre todo, tras su inhabilitación por interceptar las conversaciones entre los principales imputados en la trama Gürtel y sus letrados. Otros jueces populares fueron Javier Gómez Bermúdez, que presidió el tribunal del 11-M, o Javier Gómez de Liaño, que acabó siendo condenado por prevaricación (y posteriormente indultado).

Zaragoza rechaza la etiqueta de «tribunal de excepción», categoría repetida desde el entorno de ETA, destaca su eficacia y pide actualizar sus competencias para adaptar sus armas jurídicas a los tiempos que corren.

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