Los «hijos de la inmigración» nutren las 88 bandas latinas fichadas en España

Los hijos, e incluso los nietos, de los inmigrantes suramericanos que llegaron a España a finales de la década de los 90 y se asentaron en las grandes ciudades son quienes hoy integran de forma mayoritaria las 88 bandas latinas legales e ilegales fichadas por el Ministerio del Interior a lo largo de todo el país. Son, por tanto, de origen dominicano, ecuatoriano o colombiano, pero españoles de nacimiento o de nacionalidad, un fenómeno que reproduce el que ya fue detectado en Francia en 2005, cuando se analizó la composición de los grupos violentos de los extrarradios con motivo de la ola de vandalismo que sacudió la periferia de París y que se saldó con 4.800 arrestos y 600 encarcelamientos.

En medio de aquella «intifada» urbana, que puso el foco en los riesgos de la «guetización» y el fracaso de las políticas de integración, se descubrió que muchos de los actores de los disturbios eran miembros de la segunda o tercera generación de inmigrantes de origen magrebí, subsahariano o turco, cuya entrada en suelo galo se había registrado mucho tiempo atrás, algunos en la década de los 60.

Es decir, se reveló que se trataba de jóvenes franceses de nacimiento o de nacionalidad, en consecuencia educados y crecidos en Francia, y no de recién llegados en situación irregular en ese país, como tradicionalmente se había presumido.

Crimen organizado

Los datos sobre la extracción de quienes actualmente forman las bandas latinas en España figuran en un exhaustivo censo realizado por la Policía y la Guardia Civil, que no incorpora las cifras ni de los Mossos en Cataluña ni de la Ertzaina en el País Vasco, y que señala Madrid como el gran epicentro de estos movimientos.

En concreto, el informe radiografía los 29 «capítulos» en los que se reparten los «Latin King» en nueve autonomías, los 16 que controlan los «Trinitarios» en otras cinco; los 10 en los que se dividen los «Ñetas»; 11 de los «Dominican D'ont Play» (DDP); así como los dos de los «Forty Two» y dos más de los «Blood», además de otros 18 grupos independientes que no dependen de ninguna de esas matrices. Son 70 en total, dentro de los que ha llamado la atención de los Cuerpos de Seguridad la constatación de una cada vez mayor presencia de «individuos de nacionalidad española» –léase en lenguaje ordinario «de pura cepa»–, así como de «miembros de otros países de Europa e incluso África».

El prototipo de estos pandilleros obedece a un patrón que, según describen las fuentes, es el de un varón que suele ingresar en la organización siendo menor de edad, que sociolaboralmente se circunscribe a los ámbitos de marginalidad –fracaso escolar, paro, entorno familiar desestructurado– y que cuenta con un perfil delictivo. De hecho, el 95% de los 437 miembros de estas bandas que fueron detenidos durante el año pasado tenían antecedentes policiales, en general por lesiones, amenazas, riña tumultuaria o robo con violencia.

Y es que, según describen fuentes de Interior, la mayoría de las acciones perpetradas por estos grupos se alejan bastante de lo que se conoce como «criminalidad organizada» para limitarse, habitualmente, a enfrentamientos de baja intensidad por el dominio de zonas de actuación: el control de los parques y el metro, el menudeo de la droga, que constituye su fuente fundamental de financiación, o la noche.

No obstante, la muerte a principios de marzo de un joven de 15 años de origen dominicano en pleno centro de Madrid durante una reyerta entre las pandillas enemigas de los Trinitarios y los DDP resucitó la cara más siniestra de estas organizaciones.

En relación con ese crimen la Policía detuvo a siete jóvenes por su presunta implicación en los hechos, cinco de ellos también menores de edad y entre los que se cuenta el supuesto autor material de la puñalada en el corazón que provocó el homicidio, un individuo que tenía también raíces dominicanas.

Episodios como ese siempre pueden desembocar en venganzas, cuando no en guerras abiertas entre bandas. No obstante, no hay que minusvalorar el poder disuasorio que sigue ejerciendo la primera sentencia judicial que mandó a miembros de un banda latina a la cárcel. Se trata del fallo con el que el Tribunal Supremo ordenó en 2012 la disolución de los Latin Kings por entender que sus fines, comportamientos y objetivos, eran de naturaleza criminal, lo que valió para condenar a prisión a tres de sus dirigentes por asociación ilícita.

Aquel veredicto, en suma, sentó precedente al determinar que una pandilla juvenil violenta encajaba en la denominación de «crimen organizado» prevista en los artículos 570 bis y siguientes del Código Penal, de modo que a sus jefes se pueden aplicar por pertenencia las penas previstas de 4 a 8 años de prisión y al resto de miembros, de uno a cinco en función de la gravedad de sus acciones. Observadores y fuentes policiales dan por hecho que el efecto disuasorio de aquella medida contribuyó a frenar la tentación de las pandillas de crear un verdadero problema de seguridad ciudadana, no demasiado alejado del antecedente registrado en Francia.

Hoy es también una valiosa herramienta policial, y de hecho, la estrategia en relación a las organizaciones más agresivas pasa por intentar probar ante el juez que en ellas se dan los parámetros característicos de las organizaciones criminales. A saber, la existencia de una jerarquía que exige obediencia ciega; una adhesión incondicional al grupo que incluye distanciamiento de la familia o la práctica prolongada de actividad criminal extremadamente violenta, que ejecutan en grupos de 10 a 15 cuando se trata de delitos contra la vida, la integridad física o peleas, y de 3 a 5 en el caso de robos con violencia e intimidación.

En crecimiento

A pesar de la vigilancia, los datos de la Policía apuntan a que el terreno de las bandas latinas creció en 2015 con 98 nuevos miembros, cifra que la Guardia Civil –con competencias en el medio rural que excede las ciudades– eleva hasta 169.

Como se ha mencionado con antelación, fuera de este censo queda Cataluña, autonomía sobre la que existen datos no actualizados que en 2012 apuntaban a la existencia de unas quince bandas latinas con hasta 4.000 jóvenes vinculados a ellas, dos terceras partes de las cuales rendían fidelidad a la disciplina de los Latin Kings y Ñetas. En el mismo año, la presencia de estos grupos en el País Vasco era considerada «prácticamente residual» por la Ertzaina y, en principio, independiente de las grandes organizaciones de referencia, de las que no obstante copian la estética.

En torno al universo de las bandas latinas, particular preocupación demuestran las Fuerzas de Seguridad en vista de la presencia creciente de menores, que demuestra que la captación de nuevos integrantes se está realizando en ámbitos escolares. Del total de detenidos en 2015, que ascendió a 437, se ha concluido que 80 no alcanzaban los 18 años, lo que representa un 21%.

En sentido contrario, se ha detectado un descenso en el número de arrestos de mujeres pertenecientes al ámbito de las bandas latinas, que ha bajado un 4% con respecto a 2014.