Hacienda pidió a la Abogacía del Estado que acusara por malversación en la causa contra el «procés»
Esta posición sería contradictoria con las declaraciones de Montoro, que negó que la Generalitat haya destinado fondos públicos para celebrar el referéndum ilegal
El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro solicitó a la Abogacía del Estado que se personara en la causa contra el «procés» para acusar por malversación de caudales públicos, al advertir indicios de que los líderes independentistas habían cometido este delito.
Según ha podido saber ABC, Hacienda tuvo la iniciativa antes de que la Abogacía del Estado pidiera al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena actuar como acusación en el caso en un escrito fechado el 5 de febrero. Días antes, el subsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico–el representante del Ministerio en sus relaciones externas entre funcionarios– se dirigió a la Abogacía del Estado, señalando que tenían sospechas de que se había desviado dinero público al fin ilegal del proceso independentista.
Esta posición sería contradictoria con la declaración de Montoro a «El Mundo», en la que negó que la Generalitat haya destinado fondos públicos al «procés» . Hacienda alegó después, ante la polémica suscitada, que el ministro se refería solo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), los préstamos a bajo coste que el Estado despliega para dar oxígeno a las comunidades autónomas. El juez Llarena , que ha pedido explicaciones a Montoro por negar la malversación, considera que la investigación está demostrando, a nivel indiciario, lo contrario.
Fuentes de financiación
El último informe de la Guardia Civil elevó a 1,9 millones de euros el dinero público que, supuestamente, el Ejecutivo de Carles Puigdemont malversó para preparar, organizar y celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El juez procesó por el delito de malversación a Puigdemont, Oriol Junqueras y doce exconsejeros catalanes. Este delito se castiga con hasta doce años de prisión en su versión más grave . Los máximos responsables del plan ilegal también fueron enviados a juicio por rebelión.
La Abogacía del Estado —el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, integrado en el Ministerio de Justicia— adjuntó el oficio de Hacienda al solicitar su personación al juez Llarena, además de un escrito en el que el Ministerio explica las fuentes de financiación de Cataluña, con un 78 o 76 por ciento de aportación de fondos procedentes del Estado. Este certificado lo firma el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.
Ese 78 o 76 por ciento en cuestión se nutre de las entregas a cuenta del sistema de financiación que desde mediados de septiembre del año pasado pasó a controlar de manera férrea el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio también han negado que la consulta independentista ilegal se pagara con estos fondos.
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