España

La Hacienda catalana generaría pérdidas de hasta 400 millones

Los registradores temen un colapso si la Generalitat asume sus funciones

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont - AFP

La pretensión de convertir la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en una «estructura de estado» le puede salir muy caro a la Generalitat: entre 100 y 400 millones de euros al año, según las estimaciones de los Registradores de la Propiedad, el colectivo de funcionarios del Estado que históricamente se ha encargado de la liquidación y recaudación de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas (sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales).

En el caso de Cataluña, y después de años de «fructífera y eficaz colaboración» -en palabras del decano de los Registradores en esta comunidad, Luis Suárez-, la Generalitat pretende asumir de manera propia esas funciones ahora delegadas, una decisión política que, a su criterio, choca con el más elemental criterio de eficiencia. La Hacienda propia, según ha señalado repetidas veces su responsable político, el consejero de Economía, Oriol Junqueras, es unas de las «estructuras de estado» claves, junto a la seguridad social, para una hipotética república catalana.

Sin querer entrar en consideraciones políticas, el decano de los Registradores apuntó que por un criterio de experiencia e implantación territorial -55 oficinas frente a la veintena prevista por la Generalitat-, el mejor modelo de gestión, generalizado entre las autonomías, es el actual.

Al respecto, Suárez recordó que por cada euro que perciben los registradores por este trabajo (25 millones en total), la administración catalana recauda 4,5. Sus estimaciones calculan una merma de ingresos de 100 millones al año, a la que sumar otros 300 si, como denuncian que es previsible, se colapsa el sistema. Al respecto, consideran que es imposible que la Generalitat pueda asumir en el plazo de un año -en octubre de 2017 vence el convenio- todas las funciones que ahora desarrollan los registradores, empezando por la incorporación de los 277 empleados que les asisten en esta tarea. «La Comunidad de Madrid quiso hacer lo mismo en 1991 y tuvo que rectificar», apuntó Suárez.

«No perder su experiencia»

Al respecto, hoy mismo la Generalitat ha convocado una reunión en la que los registradores temen que se les comunique la denuncia del convenio. Por contra, fuentes del Govern precisaron a ABC que, sin renunciar a su objetivo de asumir esas funciones, hoy propondrán la creación de una «mesa de trabajo» para ver la mejor manera de incorporar a estos empleados a su plantilla. «No queremos perder su experiencia», añaden.

Toda la actualidad en portada
publicidad

comentarios