Vídeo: Granados llega a la Audiencia Nacional - ATLAS

Granados prevé aportar «nuevos datos y nombres» sobre la financiación irregular del PP de Madrid

El supuesto cabecilla de la Púnica declara por petición propia y amenaza con involucrar a otros políticos

Acorralado por la Fiscalía y la confesión de Marjaliza, Granados cambia de estrategia y busca esclarecer los hechos

MadridActualizado:

El antiguo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, declara este lunes a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien le investiga por corrupción.

Acorralado por las acusaciones de la Fiscalía y por las confesiones de su antiguo socio David Marjaliza, Granados tiene planeado aportar «nuevos datos y nuevos nombres» sobre las irregularidades investigadas, incluida la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Una bomba de relojería con un eco imprevisible.

En su segunda declaración por su voluntad, Granados prevé defenderse de las acusaciones del Ministerio Público y rebatir las declaraciones de Marjaliza, su amigo de la infancia y el supuesto cerebro de una red corrupta que se extendió por numerosas regiones españolas, sobornando a políticos a cambio de adjudicaciones. Según ha podido saber ABC de fuentes de su defensa, el exvicepresidente regional aportará este lunes datos nuevos e involucrará a antiguos altos cargos del Partido Popular.

Estas nuevas revelaciones brotarán «en todas las piezas» del caso Púnica, una causa compleja que fue dividida en más de doce ramificaciones para facilitar el avance de la justicia. Esto significa que Granados, antigua mano derecha de Esperanza Aguirre también responderá sobre la supuesta caja B del PP madrileño. La justicia sospecha que la formación se nutrió de donaciones ilegales de empresarios, quienes fueron favorecidos con contratos públicos.

La declaración de Granados podría acorralar a Esperanza Aguirre, la antigua todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012 y antigua dirigente del PP madrileño, hasta ahora librada de rendir cuentas ante la justicia. Aguirre dimitió tras la imputación de su también antigua mano derecha Ignacio González, el supuesto cabecilla de la trama Lezo, una red de corrupción que anidó en el Canal de Isabel II, la empresa que gestiona las aguas de Madrid. El relato de los arrepentidos en estas causas podría llevar ante la justicia a Esperanza Aguirre.

31 meses en prisión preventiva

En su comparecencia, Granados también abordará las cuestiones sobre las irregularidades cometidas por la Púnica y contratacará a Marjaliza, el primer investigado que decidió reconocer gran parte de las acusaciones, en busca de un acuerdo con el Ministerio Público. El antiguo secretario general del PP madrileño ha denunciado un supuesto trato de favor de la Fiscalía hacia su antiguo socio. Anticorrupción acusa a ambos de liderar una red de corrupción local y regional que vulneró todas las normas administrativas para corromper las adjudicaciones públicas en municipios de Madrid, Murcia y León, y enriquecerse ilícitamente a costa de dinero público.

Según los investigadores, Granados encabezó una trama que amañó adjudicaciones públicas y blanqueó las ganancias ilícitas. El juez ha recopilado indicios de los «tratos de corrupción» que Granados orquestó desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que presidió entre 2003 y 2004, a los que dio continuidad según el instructor desde la Consejería de Presidencia, entre 2004 y 2011. García Castellón ha detectado «la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas a cambio de comisiones». Están imputadas en torno a un centenar de personas.

El investigado deberá aclarar la procedencia del dinero que ocultó en Suiza, hasta un millón de euros, que en declaraciones previas justificó como ganancias de su actividad privada, como inversor, previa a su carrera política. Los agentes también hallaron un millón de euros en un altillo oculto en el domicilio de sus suegros. Hasta ahora siempre ha negado que su fortuna proceda de la corrupción.

Tras estallar la operación que destapó la trama, Granados ingresó el 31 de octubre de 2014 en prisión, donde permaneció 31 meses. El magistrado le mantuvo encarcelado todo ese tiempo de forma preventiva para evitar que entorpeciera la investigación, fugándose, ocultando su patrimonio y presionando a testigos de la causa.