Francisco Granados, en el banquillo de los acusados durante la vista - EFE

Granados pide la nulidad del primer juicio de la Púnica y lamenta que no se acuse a Marjaliza

Las defensas solicitan que se anulen las escuchas del chivatazo de la operación

MadridActualizado:

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha solicitado la nulidad del primer juicio que le ha sentado en el banquillo de los acusados por la trama Púnica, una red de corrupción local y regional. Granados ha pedido que se anule la vista oral que ha comenzado este lunes para enjuiciar el chivatazo de un guardia civil, que le alertó de que estaba siendo investigado por la justicia.

Granados, que permaneció dos años y ocho meses en prisión preventiva por esta investigación, ha alegado el «descontrol» de los acusadores, que piden para él tres años de prisión, y «la falta de motivación» de las imputaciones. Su abogado ha argumentado que las grabaciones de la Guardia Civil que destaparon el chivatazo «no se han fundamentado» en ninguna de las resoluciones dictadas por el juez.

La primera sesión del juicio, que ha comenzado con las cuestiones de forma, ha contado con un protagonista ausente. La defensa de Granados ha criticado que el empresario David Marjaliza, considerado el cerebro de la trama Púnica, no se siente en el banquillo de los acusados. El letrado ha achacado esta ausencia a un supuesto beneficio de la Fiscalía por las declaraciones de Marjaliza, quien salió de prisión tras admitir gran parte de las acusaciones. Marjaliza, socio y amigo de la infancia de Granados, acorraló al exconsejero de Madrid con su confesión.

El chivatazo tuvo lugar en septiembre de 2014, un mes antes de que estallara la operación policial que desbarató la trama Púnica. El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que entonces formaba parte de la Unidad Central Operativa (UCO), alertó a Granados de que habían instalado una cámara frente al edificio donde trabajaba Marjaliza, considerado el conseguidor de la trama, en la localidad madrileña de Pinto. Allí «dirigía sus corruptos negocios» según los investigadores.

La Fiscalía, que solicita tres años de prisión para Granados, Talamino y el también guardia civil en excedencia José Manuel Caro, señala que el delator transmitió la información «a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva, quebrantando reiteradamente el deber de sigilo» y con el objetivo de «hacer un favor» al exconsejero de la Comunidad de Madrid. Les acusa a los tres por ello de un delito de revelación de secretos. La sección primera de la Sala de lo Penal, un tribunal formado por tres jueces, resolverá qué sucedió y las penas impuestas.

El guardia civil Caro Vinagre también ha pedido la nulidad de la vista por vulnerarse su derecho a la defensa. El abogado de su acusado ha asegurado que el juez le sometió «a un tercer grado» al interrogarle como testigo, sin la posibilidad de defenderse con abogado, por unos hechos por los que luego se le imputó.

El señalamiento de esta vista oral fue una de las razones que justificó el juez Eloy Velasco para modificar la situación de prisión preventiva de Granados el pasado 14 de junio. El magistrado que comenzó la investigación a la Púnica, sustituido en su puesto en la Audiencia Nacional por Manuel García Castellón, alegó que así podría acudir «en otras condiciones» al juicio y preparar mejor su defensa.