Francisco Granados, en una imagen de archivo - IGNACIO GIL / VÍDEO: ATLAS
Audiencia Nacional

Granados, condenado a dos años de prisión por el chivatazo de la operación Púnica

Dos años de cárcel para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y un año y 6 meses al agente en excedencia José Luis Caro Vinagre

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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y medio al también agente José Luis Caro Vinagre, por el «chivatazo» que Talamino dio al político durante la investigación de la operación Púnica.

Según la sentencia, la filtración de la investigación produjo un «intenso» daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

En una sentencia, con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para el tribunal, «las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid», son «circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta».

Filtración

Los magistrados consideran probado que Talamino -que vivía en Valdemoro (Madrid) y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad- alertó el 5 septiembre de 2014, poco antes de que estallara la Púnica, de la instalación de cámaras frente al despacho de Marjaliza en el edificio Éboli de Pinto, sabiendo que el exconsejero y el presunto conseguidor de la trama eran amigos.

Quedó con ellos aprovechando las fiestas de Valdemoro y se encontró con Granados en un local, donde le contó que la UCO vigilaba a Marjaliza y, al día siguiente, Caro Vinagre, a petición del exconsejero, buscó a Talamino «para obtener más información».

Dio el chivatazo «consciente de la importancia de la información para los intereses de Granados, Marjaliza y de su amigo personal José Luis Caro Vinagre», al que Granados había contratado como asesor, y «decidió avisarles (...) sabiendo que violaba el deber de confidencialidad».

A raíz de la filtración, los investigados cambiaron sus conductas, «dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas», afirma la sentencia.

Al saberse investigado, Granados pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios -facturas de la compra de regalos, organigrama de sus sociedades y testaferros y contratos en cuya adjudicación había mediado- y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez.

En su voto discrepante, Poveda no cuestiona las penas impuestas sino «los razonamientos que dan lugar a la valoración de la prueba» y pone en duda lo declarado por Marjaliza y su secretaria.