Audiencia Nacional

Granados acusa a Aguirre y González de controlar todo en la administración madrileña en la era Púnica

El exconsejero de Presidencia de Madrid involucra a Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid

MadridActualizado:

Francisco Granados ha acusado este lunes a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, dos expresidentes de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, de controlar la administración pública madrileña y los nombramientos de cargos públicos en la era investigada por la Audiencia Nacional, por el despliegue de la trama Púnica de corrupción, una red que amañó adjudicaciones a cambio de comisiones. Los investigadores acusan a Granados de encabezar la trama, que corrompió la función pública y blanqueó las ganancias. Una de las regiones donde la trama actuó con más intensidad fue la Comunidad de Madrid.

En una declaración solicitada de forma voluntaria, que comenzó en torno a las diez de la mañana, Granados ha rebatido las acusaciones de David Marjaliza, el constructor que ha reconocido gran parte de las irregularidades y cuya confesión le ha acorralado. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha acudido a la Audiencia Nacional dispuesto a aportar «nuevos datos» y a involucrar a políticos en las diversas ramas de la investigación de la Púnica, incluida la que indaga en una supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid. Granados cambia de estrategia y despeja así su responsabilidad directa.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han explicado que Granados ha comenzado contraatacando a Marjaliza y señalando a Aguirre y González. El investigado, y supuesto cabecilla de la Púnica, ha asegurado que ambos exdirigentes controlaban todos los nombramientos de cargos y mandaban en lo que sucedía en la administración madrileña, en todos los niveles, señalándoles por las irregularidades. Según el ex secretario general del PP de Madrid, el sistema del Plan Prisma de inversiones -uno de los focos investigados por corrupción- se modificó por iniciativa de la antigua todopoderosa expresidenta madrileña. Aguirre estaba cansada de que los alcaldes del PSOE no le invitaran a las inauguraciones, ha declarado.

Campañas de 2007 y 2011

En una declaración medida, en la que se ha desentendido de cualquier irregularidad, Granados ha tratado de involucrar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación irregular del PP de Madrid, que está siendo investigada por el juez. El exconsejero madrileño ha revelado que Aguirre mantuvo una «estructura paralela» para financiar su campaña autonómica del año 2007 y 2011, sufragada supuestamente con dinero de empresas públicas. Granados ha situado a Cifuentes en el equipo de control de esta financiación irregular en ambas campañas, que excedieron el tope del gasto del Tribunal de Cuentas. Según Granados, esa financiación estaba al margen del contable Beltrán Gutiérrez y del control del partido. Él, ha insistido, no estaba al tanto pero pudo intuir que existía esa irregularidad.

La Guardia Civil colocó bajo sospecha las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 del PP de Madrid, así como los actos de la formación regional para la general del año 2008, al concluir que la formación pagó casi cinco millones de euros de esos gastos electorales con dinero negro. Los investigadores consideran que el PP de Madrid pagó con su contabilidad opaca 2.685.000 euros en 2007; 685.000 euros en 2008; y 1.546.000 euros en 2011, aproximadamente. Granados ha colocado este lunes en el equipo que controló esas campañas al expresidente de Madrid Ignacio González, a Cristina Cifuentes, al exconsejero madrileño de Medio Ambiente y de Transporte Borja Sarasola, y a la antigua jefa de prensa de Aguirre y González y antigua responsable de comunicación del PP madrileño Isabel Gallego.

Granados se ha definido a sí mismo este lunes como un mero figurante en la política madrileña, a pesar de haber ocupado el cargo de secretario general del PP madrileño entre los años 2004 y 2011. El investigado ha expresado ante el juez que el que ejercía ese cargo en la práctica era Ignacio González, quien luego le sustituyó. Se ha presentado como una víctima y ha acusado a Marjaliza, según fuentes jurídicas. Granados ha respondido a las preguntas de su abogado y la declaración continuará el próximo 20 de febrero.

Prisión preventiva

Granados, quien permaneció más de 31 meses en prisión preventiva, ha mantenido que el origen del dinero que guardó en Suiza es de origen legal, procedente de su actividad como inversor previa a la política, una coartada que no se creen los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción considera que el antiguo consejero madrileño amasó su fortuna con las comisiones obtenidas ilegalmente por facilitar adjudicaciones a la trama. El investigado no ha aportado ninguna documentación este lunes para sustentar su declaración.

El juez que instruye la investigación ha recopilado indicios de los «tratos de corrupción» que Granados orquestó desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que presidió entre 2003 y 2004, a los que dio continuidad según el instructor desde la Consejería de Presidencia, entre 2004 y 2011. García Castellón ha detectado «la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas a cambio de comisiones». Están imputadas en torno a un centenar de personas.