Junqueras, Puigdemont, Forcadell y Turull, el pasado 10 de octubre. | Vídeo: A seus días del 155 - IGNACIO GIL

Artículo 155El Gobierno quiere desmontar la administración «paralela» de los secesionistas

Al margen de Puigdemont y los 13 consejeros, hay 300 altos cargos y personal eventual que fueron nombrados a dedo

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Una de las tareas prioritarias que tendrá que ejercer el Gobierno de la Nación, cuando se aprueben definitivamente las medidas del 155, será el desmantelamiento de la «administración paralela» que han creado los independentistas en los últimos años en Cataluña para llevar a cabo su golpe a la democracia, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. Se trata de desmontar todo un entramado administrativo dirigido exclusivamente a crear estructuras de Estado, promocionar el secesionismo y desafiar al Estado de Derecho.

En el escrito con las medidas que el Gobierno de Rajoy ha enviado al Senado, para obtener la autorización de la Cámara Alta, se incluye de forma expresa la destitución del primer escalón, formado por el presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros del Gobierno autonómico. Su cese llevará aparejada la baja de sus asesores de confianza, y pondrá en la cuerda floja a los altos cargos que han colaborado en la estrategia secesionista.

El documento que se debate esta semana en el Senado con las medidas del 155 da potestad al Gobierno para llevar a cabo destituciones, nombramientos o sustituciones temporales, así como para modificar las estructuras de las consejerías. El Ejecutivo, o el órgano colegiado que se cree para ello, podría incluso aprobar la extinción de entidades y organismos públicos, lo que da carta blanca al Gobierno para desmontar por completo esa «administración paralela» donde ha germinado el golpe independentista.

En concreto, el órgano o autoridades que cree o designe el Gobierno podrán «acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat de Cataluña, así como los de cualesquiera organismos, entres y entidades vinculadas o dependientes de la misma, y de su sector público empresarial».

En caso de incumplimiento de las disposiciones, instrucciones u órdenes dictadas por los órganos designados por el Gobierno, se exigirá responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de «las responsabilidades patrimoniales, contables y penales» a que pudieran dar lugar.

El Gobierno no se espera ninguna rebelión general de los funcionarios en la Administración pública catalana, y confía en su profesionalidad y su respeto al ordenamiento jurídico vigente. Así, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró su «gran respeto» por los funcionarios y su plena confianza en que actuarán conforme a la ley, porque han ingresado por oposición jurando respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Altos cargos

La clave de esta operación quirúrgica, por lo tanto, se centrará en desmantelar el entramado de altos cargos y personal eventual de la Generalitat que son cargos de confianza total de cada uno de los consejeros, así como del departamento de Presidencia. Es lo que se conoce (utilizando un símil anglosajón) como Administración Puigdemont. Y deja al margen los responsables de las entidades participadas por la Generalitat, los consorcios de fondos públicos y los entes dependientes de la administración autonómica pero considerados independientes.

Así, sustituidos el presidente y los 13 consejeros autonómicos, se trata de un total de exactamente 300 personas, según los datos oficiales de la Generalitat, a fecha 1 de octubre. Serían 301 pero el cargo del número dos de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, en manos de Oriol Junqueras, no fue repuesto tras la detención de Josep Maria Jové –que lo ostentaba– el 20 de septiembre pasado por su vinculación en el operativo del referéndum ilegal.

En este escalafón de altos cargos (144) y personal eventual (156) se encuentran los secretarios generales de cada consejería y los directores de departamentos concretos, y de ahí cuelgan el resto: secretarios de áreas, delegados de la Generalitat, interventora general, miembros de la asesoría jurídica, jefes de los gabinetes de los consejeros, responsables de comunicación de cada consejería, adjuntos a estos dos últimos, coordinadores de áreas, asesores en diversas materias, responsables de las oficinas de los delegados de la Generalitat, responsables de protocolo y relaciones institucionales, coordinadores de información ciudadana, responsables de proyectos estratégicos, miembros de las oficinas de los secretarios de cada consejería y otros asesores.

Prácticamente todos se incorporaron a la Generalitat con la llegada de Puigdemont, pero algunos mantienen una «antigüedad» de más de dos años. Es el caso, por ejemplo, de Carles Viver Pi-Sunyer (director del Instituto de Estudios del Autogobierno), en el cargo desde 2004, o de cargos intermedios que se incorporaron en enero de 2011, con la llegada a la Generalitat de Artur Mas.

Sus sueldos varían, en función de la dedicación –completa o parcial– entre los más de 110.00 euros y los casi 30.000 euros. El sueldo medio, contando el de Puigdemont y sus consejeros es de 76.666 euros al año, lo que supone un total de más de 23,6 millones de euros para la Generalitat.