El Gobierno, obligado a levantar el veto sobre las ayudas a las webs separatistas
El equipo jurídico del Govern avisó a Moncloa de que podía incurrir en un delito de prevaricación
El Gobierno no ha tenido más remedio que levantar su veto a las ayudas públicas para los medios digitales independentistas que reparte la Generalitat de Cataluña por editar en catalán o aranés. El Ejecutivo, a través del mecanismo del 155 de intervención de la administración catalana, paralizó en diciembre la asignación de estas subvenciones convencido de que el reparto era discriminado y no se justificaba la lluvia de dinero –hasta 1,9 millones en 2017– que ha mantenido vivo al «pesebre» mediático independentista en internet. Sin embargo, un informe jurídico del Govern les advirtió de que el bloqueo de esa partida podría suponer prevaricación ante la denuncia judicial que los responsables de esas webs catalanas estaban dispuestos a interponer. El Ejecutivo, a su pesar, se vio así forzado a ordenar su desbloqueo el pasado 29 de diciembre, justo a dos días de que venciera el plazo de la resolución de las ayudas.
«No había mejor negocio»
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro , máximo responsable de la aplicación del 155 en Cataluña, anunció el 4 de diciembre en el Senado que se paralizaban las ayudas, que cifró en algo más de un millón de euros. «No había mejor negocio en Cataluña en estos cuatro años que montar una página web para apoyar el procés», denunció en su comparecencia ante la Cámara Alta para explicar el desarrollo de la intervención de la Generalitat tras el golpe independentista.
En su relato, Bermúdez de Castro describió cómo el Estado había devuelto a la administración catalana a la legalidad con el concurso de apenas tres personas de Madrid en Barcelona y la colaboración total de los funcionarios catalanes. Una de las medidas adoptadas en ese corto lapso desde la autorización del Senado al 155 era que se estaban fiscalizando las ayudas públicas al ecosistema mediático del independentismo. Precisamente, el corte al grifo del dinero público a los medios digitales afines al «procés» ha sido una de las acciones que más ha soliviantado al separatismo catalán. El editor de uno de estos medios agraciados, el «Punt Avui», llegó a anunciar que la empresa se planteaba hacer un ERE «por culpa del 155» tras conocer que no recibirían más regalías.
La convocatoria de mayo de la Generalitat estaba dotada con 1,9 millones de euros pero el Govern de Carles Puigdemont no dictó su asignación hasta después del verano. El 12 de diciembre el Ministerio de Hacienda revocó parcialmente el acuerdo de no disponibilidad del crédito para la Generalitat y dio su visto bueno a las ayudas a los medios publicados en papel, las radios y las televisiones que producen en catalán. En cambio, no autorizó las destinadas a los medios digitales por considerar que no concurrían «razones de urgencia y extraordinaria necesidad» para repartirlas.
Los asesores jurídicos del departamento de Presidencia del Govern elaboraron un informe a petición del propio Gobierno en el que concluyeron que no se justificaba la discriminación entre soportes –digitales y no digitales–, por lo que la denegación del dinero a las webs podría romper el principio de igualdad e imparcialidad en la concesión de ayudas públicas.
El diario Ara avanzó ayer el desbloqueo de las ayudas a las páginas webs independentistas, que en todo caso no las cobrarán el dinero a corto plazo. Desde la secretaría de Comunicación de la Generalitat explicaron a este diario que la asignación de las subvenciones se ajusta a las bases de la convocatoria, que además del criterio de la audiencia se fija en el número de periodistas contratados por esas webs con contenidos en catalán. «Políticamente se podrá discutir si se fomenta el uso del catalán en los medios de comunicación, pero desde el punto de vista legal la convocatoria y resolución son impecables», arguyen en el Govern.
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