El Gobierno impugnará las leyes secesionistas de forma inmediata

El Gobierno de la Nación observa cada movimiento que hacen los independentistas, dispuesto a actuar con rapidez en cuanto cometan una ilegalidad. La posibilidad de que los independentistas aprueben sus leyes, la del Referéndum o la de Transitoriedad, mediante un decreto-ley, para sortear al Parlamento autonómico y poder apurar así los tiempos, también está prevista en La Moncloa. Y la respuesta será la misma: en cuanto el Ejecutivo de Puigdemont dé luz verde a esa normas que regulan el referéndum ilegal del 1 de octubre y la ruptura con el Estado de Derecho, el Consejo de Ministros actuará «de forma inmediata» para recurrir ante el Tribunal Constitucional y pedir su anulación automática, según fuentes de La Moncloa. El Tribunal Constitucional podría admitir el recurso y dejar sin efecto los textos legales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La forma en que se apruebe la Ley del Referéndum no supondrá ningún obstáculo, porque el resultado, según el Gobierno, será el mismo. «El 1 de octubre no habrá referéndum», insisten en La Moncloa con máxima seguridad. De la misma manera, aseguran que tampoco entrará en vigor ninguna Ley de Transitoriedad, nombre con el que los secesionistas bautizan su ley de ruptura.

Un decreto-ley entra en vigor normalmente en cuanto se publica en el Boletín Oficial, algo que suele suceder al día siguiente de su aprobación. «También pueden ser anulados por el Tribunal Constitucional, lo mismo que un proyecto de ley o una proposición de ley», comentan en La Moncloa.

En el Gobierno se cree que si los independentistas eligen esa opción apurarán al máximo los tiempos, y evitarán así que el Parlamento autonómico tenga que admitir a trámite cuanto antes el texto que ya existe. Por eso, en La Moncloa sospechan que se quiere retrasar la impugnación del Gobierno y la anulación del Tribunal Constitucional, mantener viva la tensión y alargar la agonía en medio de un tira y afloja continuo entre Junts pel Sí y la ultraizquierda de la CUP. «Alargar los tiempos les permite mantener vivo lo que luego va a morir rápidamente», apuntan las fuentes consultadas.

Como ya ocurrió el pasado 16 de agosto, el presidente podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario en cualquier momento, de ahí que la «vida» del decreto-ley tendría un recorrido muy corto.