La Generalitat pugna por librarse de la tutela del FLA

Cuando a finales del pasado mes de enero se hizo público el contenido de las conferencias que estaba pronunciando el exsenador de ERC Santiago Vidal, muchos dieron por hecho que el proceso soberanista había entrado en fase psicodélica. Aparte de señalar que ya se había llegado a un acuerdo con la OTAN para que Cataluña colaborase en materia de ayuda humanitaria a través del envío de helicópteros, de los cuales habría una fábrica en Cataluña, el exjuez Vidal garantizó la viabilidad económica de la futura república. Según explicó, un país y dos fondos de inversión no europeos con los que ya se había llegado a un acuerdo garantizaban una línea de crédito de 200.000 millones de euros en caso de que el Gobierno de España cortase el flujo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ante el revuelo causado, y vistas sus explicaciones, desde la Generalitat, particularmente desde la consejería de Economía que preside Oriol Junqueras (ERC), se le pidió a Vidal que, sin hacer demasiado ruido, cogiese la puerta. De hecho, Vidal era una pésima carta de presentación para quien como Junqueras, o su secretario de Economía, Pere Aragonés, trataban en esas mismas fechas de demostrar solvencia ante los fondos de inversión con sede en Londres. Su tarea no es fácil, en tanto que según los cálculos de la propia Generalitat, las necesidades financieras de la naciente república serían de unos 50.000 millones de euros durante su primer año, unos 15.000 millones más que el último Presupuesto de la administración autonómica, una cifra obviamente fuera del alcance de la aún en desarrollo Agencia Tributaria Catalana.

66% en manos del Estado

Aunque mejorando gracias al reequilibrio fiscal y al crecimiento del PIB, el cuadro macroeconómico de la Generalitat sigue cargando con la herencia de una deuda que a marzo de este año era de 75.443 millones, la mayor de todas las CC.AA. en términos absolutos, y en la parte alta, solo superada por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, en relación a su porcentaje sobre el PIB de la región (35,4%); la media de las regiones españolas es del 24,9%.

A los inversores también se les explica -tal y como queda recogida en la más reciente presentación dirigida a ellos- que el 66% de la deuda de la Generalitat está en manos del FLA, en un porcentaje que ha ido escalando de manera imparable desde que en 2012 el Estado creó este mecanismo, y que, de hecho, las necesidades financieras de Cataluña para 2017, sobre los 7.340 millones, se cubrirán con los créditos del Estado.

Bono basura

Desde el primer momento en el que el Estado rechazó los llamados «hispabonos» que reclamaba la Generalitat -una forma de mutualizar la deuda entre las CC.AA. y el Estado, al modo de los «eurobonos» que España pedía entonces a Bruselas- para optar por el FLA, el Gobierno catalán, entonces con Andreu Mas-Colell como consejero, ya denunció que se trataba del más eficaz mecanismo creado nunca para tutelar a Cataluña. No se entiende de otra manera las ansias de la Generalitat por desligarse de un FLA que, pese al dibujo negro que pinta el Govern, ha sido el único auxilio financiero de una comunidad con su «rating» durante tiempo incluso por debajo del bono basura.

Desde la administración autonómica se recuerda por contra que el FLA no es gratis, y, de hecho, este 2017 la Generalitat debe retornar al Estado casi 3.992 millones, y en 2018 otros 5.454, en concepto de devolución de créditos. Otros intentos por aliviar la carga financiera catalana, como la conversión de créditos de corto a largo, siguen sin ser autorizados por el Ministerio de Hacienda, denuncia la Generalitat.